Andalucía aprueba ayudas de hasta 16.828 euros y cobertura sanitaria para las víctimas del siniestro de Adamuz
El Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad el decreto‑ley que la Junta de Andalucía había propuesto para regular las ayudas destinadas a las víctimas directas e indirectas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en la zona de Amuz, Córdoba.
Contenido y alcance del decreto
El texto establece una serie de compensaciones económicas que varían según la situación de la víctima:
- Para las personas heridas, la ayuda oscila entre 16 828 € y 481 €, en función de la gravedad de las lesiones.
- Para los familiares de los fallecidos, la cuantía prevista es de 14 424 €.
Además del apoyo económico, el decreto garantiza la continuidad de la atención sanitaria pública para cubrir las secuelas físicas y psicológicas de los afectados una vez finalice la cobertura del seguro obligatorio de viajeros.
José Antonio Nieto, consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, declaró que la norma es “legal, oportuna y absolutamente necesaria”. Según Nieto, la medida “nace desde la responsabilidad institucional” y busca ofrecer “una respuesta ejemplar” a los 46 fallecidos y a todas las personas afectadas por la tragedia.
El decreto responde a la propuesta de la Comisión de Seguimiento y Apoyo a las Personas Afectadas, creada por la Junta el 18 de marzo. Tras la designación de Jaime Mora como comisario, se llevaron a cabo reuniones individuales con las víctimas para evaluar sus necesidades y coordinar la actuación de las distintas administraciones.
La convocatoria de las ayudas será publicada próximamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A partir de su publicación, los beneficiarios tendrán un plazo de tres meses para presentar sus solicitudes, ya sea de forma presencial o a través del Registro Electrónico Único de la Junta.
El gobierno andaluz ha indicado que no será necesario aportar documentación ya existente en poder de la administración o que haya sido presentada previamente para solicitar ayudas estatales, pues ambas ayudas son compatibles y complementarias. La Consejería resolverá las solicitudes en un máximo de dos meses y el pago, exento del tramo autonómico del IRPF, se realizará en un único abono.
Las ayudas también cubren gastos extraordinarios derivados del accidente, como la adaptación de viviendas para mejorar la accesibilidad, tratamientos de rehabilitación, terapias psicológicas o desplazamientos al Tribunal de Instancia de Montoro, donde se instruye la causa judicial.
En el caso de las ayudas por fallecimiento, los beneficiarios pueden ser:
- El cónyuge o pareja de hecho y los hijos, incluidos los nacidos después del fallecimiento.
- En ausencia de descendientes o pareja, los progenitores.
- Si tampoco existen progenitores, los ascendientes de segundo grado o los hermanos.
- Cuando haya varios beneficiarios, la cuantía se repartirá a partes iguales.
Nieto reiteró que la Junta ha estado “desde el primer momento al lado de las víctimas” y subrayó la garantía de continuidad de la atención sanitaria pública para quienes requieran tratamientos prolongados. “No vamos a devolver las vidas perdidas ni evitar las secuelas, pero sí demostrar que no olvidamos ni abandonamos a quienes sufrieron esta tragedia”, concluyó.
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