Ayuso manda un requerimiento al delegado del Gobierno para desalojar Sol en 48 horas y le amenaza con acciones penales

La Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, a través del consejero Miguel Ángel García Martín, ha advertido que la ocupación del espacio público en la Puerta del Sol deberá desmantelarse en un plazo máximo de 48 horas. De no cumplirse, el gobierno autonómico iniciará acciones legales contra el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, e incluso podrá interponer procesos penales.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, ha solicitado al delegado que, en ese plazo, “dé las instrucciones oportunas para desalojar la zona”. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo regional presentará un recurso contencioso‑administrativo con petición de medidas cautelares, sin descartar la vía penal “en defensa del interés de todos los madrileños”.

Medidas exigidas por la Comunidad de Madrid

García Martín describió la ocupación como una “acampada ilegal” y acusó al delegado de “complicidad” al no actuar, pese a que el Ministerio del Interior “no está haciendo nada para evitarla”. Según la Consejería, la protesta está provocando “importantes perjuicios a vecinos y comerciantes”, equiparándola a la manifestación del 15‑M de 2011.

Puntos Clave
  • Ayuso exige al delegado del Gobierno que ordene el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol en 48 horas bajo amenaza de acciones legales y penales
  • La Consejería de Presidencia y Justicia califica la ocupación como “acampada ilegal” y acusa al delegado de complicidad por la falta de intervención del Ministerio del Interior
  • En caso de incumplimiento, la Comunidad de Madrid presentará un recurso contencioso‑administrativo con medidas cautelares y no descarta la vía penal para “defender el interés de todos los madrileños”
  • Se prevé que la acampada se desmonte una vez el Consejo de Ministros apruebe los decretos de prórroga de alquileres y prohibición de desahucios, aunque la decisión final depende del apoyo de Junts y Podemos

El consejero también exigió la protección del edificio que alberga la sede del gobierno autonómico, declarado Bien de Interés Cultural, frente a actos vandálicos como pintadas y arrojo de basura contra su fachada y ventanas.

Por otro lado, se anticipa que, una vez el Consejo de Ministros apruebe los decretos que prorrogan los alquileres e impiden los desahucios, la acampada será desmontada, salvo que la propia autoridad decida mantenerla hasta que ambas normas sean aprobadas en el Congreso de los Diputados. Esta última opción sigue sin estar clara debido a la reticencia de Junts y de Podemos para apoyar la medida.

En la sección de comentarios de El Independiente, un lector expresó su apoyo a la presidenta Ayuso, calificando a los ocupantes de “fascistas” y pidiendo que sean reubicados en campings o en jardines privados.

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Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con pasantías en medios internacionales como BBC Mundo. Especializado en periodismo de investigación y análisis político.

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