Bruselas corrige el mayor agujero de transparencia de los fondos europeos en los nuevos presupuestos de la UE
La Comisión Europea ha tomado la decisión de eliminar de forma definitiva una de las principales falencias detectadas en la ejecución de los fondos Next Generation EU. Con la entrada en vigor del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028‑2034 –los nuevos presupuestos de la Unión Europea–, Bruselas obligará a todos los Estados miembros a identificar y publicar la identidad de cada perceptore de fondos, incluidos los contratistas y subcontratistas.
Esta medida representa un giro sustancial en materia de transparencia y responde a las lecciones aprendidas durante la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Hasta ahora, los Estados miembros sólo estaban obligados a publicar una lista con los cien mayores beneficiarios, lo que facilitó que gran parte de esos listados quedaran integrados por administraciones públicas u otros organismos intermedios encargados de redistribuir los recursos, dificultando la identificación de los destinatarios finales del dinero europeo.
Reacción del Parlamento Europeo
El nuevo diseño del presupuesto europeo, que alcanzará cerca de dos billones de euros –unos 700.000 millones más que el periodo 2021‑2027–, incluye la obligatoriedad de publicar la identidad de todos los perceptores. Además, el presupuesto adoptará la arquitectura de los fondos Next Generation: se reducirá de 52 a 16 programas y se articulará mediante 865 planes nacionales y regionales que abarcarán políticas históricas como la PAC, la pesca o la cohesión. Los desembolsos se realizarán a medida que los Estados cumplan los hitos y objetivos pactados con la Comisión, tal como ocurre ya con los fondos de recuperación.
El Parlamento Europeo ha manifestado su rechazo a este cambio de modelo. En un encuentro organizado por la Comisión con periodistas españoles, la eurodiputada socialista Sandra Gómez, miembro de la Comisión de Presupuestos, advirtió que la Unión es “un grupo de socios con intereses comunes” y que sustituir las políticas comunes por planes nacionales equivale a “que cada gobierno se lo gaste como quiera”, arriesgando la cohesión del proyecto europeo.
Por su parte, la eurodiputada del Partido Popular, Isabel Benjumea, también integrante de la Comisión de Presupuestos, denunció que la supuesta simplificación es, en realidad, un recorte a políticas esenciales como la PAC, la cohesión, Erasmus o el Fondo Social. Según ella, el nuevo sistema transfiere la responsabilidad del recorte a los gobiernos nacionales, dándoles una “capacidad de gestión directa” que podría traducirse en reducciones de gasto en áreas clave.
El impulso a la transparencia también responde a la evaluación del Tribunal de Cuentas de la UE, que calificó como “insuficiente” la información pública disponible sobre los beneficiarios, los costes reales y los resultados de las inversiones. En el caso de España, el organismo señaló que las autoridades publicaron los importes “asignados” en lugar de los realmente “recibidos”, y que la información sobre costes reales solo podía obtenerse mediante solicitud previa.
Estas deficiencias se originan en el propio diseño jurídico del MRR, cuyo reglamento limitaba la publicación a los cien mayores beneficiarios y no establecía un modelo homogéneo ni una trazabilidad completa de los destinatarios finales. Mientras algunos países (Croacia, Portugal, Italia) adoptaron estándares más exigentes, la mayoría se limitó al mínimo exigido, permitiendo que ministerios, ayuntamientos, comunidades autónomas o empresas públicas aparecieran como intermediarios sin revelar a quién llegaba realmente el dinero.
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