CEOE cuestiona que la huelga general tenga encaje jurídico: "Las reivindicaciones no son de naturaleza laboral"
La CEOE y Cepyme han cuestionado la naturaleza laboral de la huelga general que la CCOO y UGT anunciarán este lunes con el objetivo de lograr una mejora salarial que permita a los trabajadores acceder a una “vivienda digna”. Según las organizaciones empresariales, las reivindicaciones de los sindicatos están dirigidas fundamentalmente a impulsar cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda, competencias que corresponden a las administraciones públicas y que, por tanto, quedan fuera del ámbito de gestión de las empresas.
Argumentos de la CEOE y Cepyme
En un comunicado difundido el martes, la CEOE y Cepyme sostienen que “las reivindicaciones que motivan este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral”. Por ello, consideran “inmisible” que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y a la actividad económica el coste de una medida de presión dirigida contra el Gobierno y su gestión.
Las patronales ponen énfasis en el “encaje jurídico” de una demanda sobre vivienda dentro de una huelga laboral. Aunque CCOO y UGT intentan vincular el acceso a la vivienda con los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, CEOE y Cepyme afirman que las medidas solicitadas afectan principalmente a decisiones que deben ser tomadas por las administraciones públicas.
Además, las organizaciones empresariales cuestionan el momento elegido para la movilización. “Los ciudadanos están llamados precisamente a pronunciarse sobre estas cuestiones en las urnas el próximo 29 de noviembre”, recuerdan, y consideran difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores “como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática”.
Por último, la CEOE y Cepyme aclaran que, hasta la fecha, no han realizado una valoración definitiva de la convocatoria. Señalan que la huelga “está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido legalmente”. Por ello, aseguran que analizarán la convocatoria cuando sea definitiva, evaluando sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales.
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