Conde-Pumpido defiende que su fallo sobre la amnistía sea "contundente": "El Constitucional fija doctrina y el Supremo debe trasladarla"
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde‑Pumpido, ha reiterado este jueves la necesidad de que la resolución que emita el órgano de garantías sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a los hechos de malversación vinculados al proceso independentista sea “clara, precisa y contundente”. Además, ha subrayado que la doctrina que establezca el Tribunal debe ser trasladada y aplicada por los tribunales competentes.
Conde‑Pumpido manifestó sus palabras durante su intervención en el desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, a pocos días de que el Constitucional deba resolver los recursos de amparo presentados por Jordi Turull y Dolors Bassa. Ambos dirigentes del procés fueron condenados por el Tribunal Supremo y quedaron excluidos de la amnistía al acogerse a la excepción de la Ley que excluye a quienes hubieran obtenido un “beneficio personal de carácter patrimonial”.
Situación actual del recurso de amparo
El 22 de septiembre, la mayoría del Tribunal Constitucional rechazó la ponencia del magistrado José María Macías, que defendía mantener la postura del Supremo de no aplicar la amnistía a Turull. En la votación, siete de los doce magistrados votaron en contra del texto y cinco a favor. El Pleno acordó elaborar una nueva resolución conforme al criterio mayoritario y fijó el 6 de octubre como fecha para pronunciarse sobre los recursos de Turull y Bassa.
Conde‑Pumpido será el ponente del recurso de Bassa y, aunque se ha abstenido de anticipar el sentido de las sentencias, ha precisado el procedimiento en caso de que el Tribunal estime los recursos. En tal hipótesis, el Constitucional comunicará su decisión “inmediatamente” a las partes y al órgano encargado de ejecutarla; a partir de ese momento corresponderá al Tribunal Supremo valorar el momento oportuno para aplicar la amnistía.
La cuestión reviste especial importancia porque el Supremo, al excluir a Turull y Bassa de la medida de gracia, argumentó que los dirigentes habían obtenido un beneficio patrimonial al emplear fondos públicos para financiar gastos vinculados al proceso independentista. La mayoría del Constitucional, sin embargo, se aparta de esa interpretación y deberá determinar si las resoluciones del Supremo vulneraron derechos fundamentales, estableciendo la doctrina sobre la aplicación de la amnistía a la malversación.
Esta semana se conoció el contenido preliminar de la ponencia de Conde‑Pumpido sobre el caso Bassa. En ella se propone estimar el recurso de amparo y aplicar la Ley de Amnistía a la condena por malversación, al considerar que el Supremo incurrió en una “contradicción flagrante e insoluble” al sostener dos pronunciamientos “recíprocamente inconciliables” respecto a la idoneidad de las conductas del procés para lograr la secesión.
Conde‑Pumpido ha defendido que los fallos del Tribunal Constitucional deben precisar sus consecuencias. “Cuando el Constitucional dicta un fallo, tiene que ser claro, preciso y contundente”, afirmó. Recalcó que nunca ha sido partidario de resoluciones que se limiten a exponer fundamentos jurídicos sin indicar los efectos concretos, y que, si se considera que la amnistía debe aplicarse “de forma preferente y urgente” por vulneración de derechos fundamentales, el fallo debe especificar exactamente cuáles son esos efectos.
El presidente del Tribunal también aclaró que el recurso de amparo no convierte al Constitucional en una tercera instancia penal. El órgano de garantías no revisa de nuevo la condena, sino que analiza si las decisiones del Supremo vulneraron derechos fundamentales. En caso afirmativo, la sentencia del Constitucional fijará las consecuencias para los tribunales que dictaron las resoluciones recurridas.
Ante la pregunta de si el Tribunal Constitucional actúa como una instancia superior al revisar decisiones del Supremo, Conde‑Pumpido respondió que el Constitucional actúa estrictamente dentro del ámbito de sus competencias, sin pretender sustituir al Poder Judicial en la valoración de la culpabilidad.
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