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La figura del colaborador con la justicia sigue generando controversia, pues parece recompensar a quienes también cometieron delitos. Sin embargo, esa incomodidad es precisamente el precio que una sociedad democrática debe asumir para desmantelar estructuras de poder opacas, creadas para impedir que testigos externos den cuenta de lo que ocurre en su interior.
Las organizaciones criminales y las redes de corrupción rara vez dejan rastro documental accesible: operan mediante acuerdos verbales, pagos en efectivo y pactos de silencio. Ante esta realidad, el sistema judicial dispone de dos alternativas: esperar años a que aparezca una prueba material —si es que llega— o incentivar a quienes estuvieron dentro para que hablen.
La relevancia del colaborador en la jurisprudencia española
La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Ábalos, adoptada por unanimidad, subraya con claridad la importancia del testimonio de un coautor: sin esa declaración, la investigación no habría avanzado y la condena, sencillamente, no se habría producido. Este hecho no convierte al colaborador en un héroe ni elimina su responsabilidad penal —de hecho, fue condenado—, pero demuestra que la legislación, lejos de ser una concesión arbitraria, responde a un cálculo razonable: es preferible una pena reducida y una verdad esclarecida a una pena íntegra basada en una verdad que nunca se conoce.
Los casos Gürtel y Púnica enseñaron la misma lección años antes. Sin la colaboración de Luis Bárcenas (conocido como “Peñas”) no se habría alcanzado la primera sentencia firme contra un partido político en España; sin la confesión de María Jesús Marjaliza, gran parte de la red de comisiones ilícitas que se extendió por ayuntamientos de la Comunidad de Madrid durante más de una década habría permanecido como una sospecha sin nombre ni cifras.
Premiar al delator, al colaborador, no equivale a renunciar a la justicia; al contrario, constituye, paradójicamente, la única vía para que la justicia se materialice en casos donde el poder se ejerce con opacidad.
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