Detenido en Ibiza el multimillonario propalestino James Cox Chambers Jr., al que defiende Podemos
El multimillonario estadounidense James Cox “Fergie” Chambers Jr., heredero de una de las mayores fortunas del país a través del conglomerado Cox Enterprises, se encuentra bajo arresto provisional en la localidad ibicenca de San Antonio. La detención se llevó a cabo el pasado sábado en cumplimiento de una orden internacional de captura, según han confirmado a EFE fuentes vinculadas al caso. Hasta el momento no se ha hecho público el delito que se le imputa ni el país que ha solicitado la orden.
Chambers Jr., conocido por su activismo político y su apoyo a la causa palestina, ha generado un intenso debate tras su aprehensión. La formación Podemos Islas Baleares reaccionó de inmediato, emitiendo un comunicado el lunes en el que pide el rechazo a la posible extradición a Estados Unidos, argumentando que el proceso judicial constituye una persecución política.
Reacciones de Podemos Islas Baleares
Lucía Muñoz, coordinadora autonómica del partido, responsabilizó directamente a la administración de Donald Trump, a la que acusó de intentar “extender más allá de sus fronteras la persecución contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y apoyan la causa palestina”. Muñoz subrayó que España “no puede ser cómplice” de ese tipo de medidas y que cualquier decisión judicial debe respetar plenamente los derechos humanos.
En la misma línea, la portavoz del partido reiteró que las herramientas de la justicia no deben emplearse para “reprimir el activismo o la solidaridad internacional”. “La solidaridad no es un delito”, afirmó, y advirtió con preocupación que “cada vez son más los intentos de equiparar la defensa legítima de Palestina con una actividad criminal”.
Podemos también advirtió que una posible entrega de Chambers Jr. “sentaría un precedente gravísimo y muy peligroso” para la protección de los derechos y libertades democráticas a nivel internacional. El futuro del empresario activista dependerá ahora de las decisiones de la justicia española, bajo la atenta mirada de las formaciones políticas que denuncian el uso de la extradición como mecanismo de castigo contra la solidaridad internacional.
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