¿"Dos cafés" o indicios de dos delitos? Las claves de la imputación de la directora de la Guardia Civil
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, describió este jueves la investigación contra la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como “un caso de cafés”. Sin embargo, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que solicita su imputación contiene cargos mucho más amplios que los simples encuentros con la presunta “fontanera” Leire Díez.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citó a González para declarar el próximo 16 de julio, junto al teniente general Manuel Llamas, director de la Unidad Central Operativa (UCO). Ambos enfrentan la acusación de prevaricación continuada y de obstrucción a la justicia dentro del marco de la investigación que investiga una supuesta trama liderada por Díez para “desestabilizar” las pesquisas que pudieran afectar al PSOE, influyendo en jueces y fiscales y desacreditando a la UCO.
Detalles de la investigación
La Fiscalía Anticorrupción fundamenta su solicitud en los informes remitidos por la propia Guardia Civil al juez Pedraz. Según esos documentos, González y Díez mantuvieron al menos tres reuniones: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre del mismo año y el 2 de abril de 2025.
Más allá de la existencia de esos contactos, la acusación se centra en el uso que habría dado Leire Díez a la relación. Testigos declararon que la exmilitante socialista aseguraba mantener “muy buena relación personal con la Directora General de la Guardia Civil” y que incluso “despachaba con la misma”. La Fiscalía sostiene que la relación sirvió a la organización criminal para neutralizar o entorpecer las investigaciones de la UCO.
En las conversaciones intervenidas, después del último encuentro de abril de 2025, Díez habría escrito al abogado Jacobo Teijelo: “Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía”. González reconoció dos encuentros con Díez, aunque justificó uno de ellos como una entrevista periodística. La Fiscalía destaca que dichos contactos no fueron comunicados a los mandos de la UCO que investigaban la trama, pese a haber sido convocados por la directora y por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Otro punto central del escrito es la coincidencia temporal entre las comunicaciones de González con Díez y la apertura de expedientes internos contra miembros de la UCO. Los informes policiales indican que la directora activó el borrado automático de mensajes a las 24 horas en sus conversaciones con Díez. Simultáneamente, en la agenda de la presunta “fontanera” apareció la anotación “Investigación interna G.C. para filtraciones”. Días después se iniciaron tres “informaciones reserva”, que ahora son objeto de análisis judicial.
La Fiscalía sostiene que esas informaciones reserva, que preceden a los expedientes disciplinarios, se emplearon como “mecanismo de presión” sobre los agentes que investigaban procedimientos sensibles. Según el escrito, dichos archivos se iniciaron de forma reiterada y coincidieron con momentos procesales especialmente delicados, sin una justificación disciplinaria objetiva.
Un ejemplo citado es la información reserva abierta el 11 de mayo de 2025, pocas horas después de la publicación de los mensajes entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. En ese momento, los dispositivos de Ábalos aún no habían sido intervenidos judicialmente, lo que imposibilita que la UCO fuera la fuente de la filtración. No obstante, la investigación interna se dirigió contra los agentes que instruían la causa, y el expediente se archivó únicamente tras la intervención del Tribunal Supremo, que advirtió sobre la falta de autorización para una investigación paralela.
La acusación de obstrucción a la justicia se basa en la doctrina del Tribunal Supremo sobre la “intimidación ambiental”, que no requiere amenazas explícitas, sino acciones objetivamente capaces de condicionar la actuación de los investigadores. La Fiscalía argumenta que los expedientes disciplinarios generaron un “efecto desaliento”, creando un clima de incertidumbre que podía inducir a la autocensura o a la moderación de líneas de investigación sensibles.
Para sustentar la intencionalidad, la Fiscalía señala varios indicios: la repetición de los expedientes contra los mismos investigadores, la coincidencia temporal con momentos procesales clave (casos “Kolo”, “Begoña” o la causa contra el hermano de Pedro Sánchez en Bajoz), la ausencia de fundamentos disciplinarios sólidos, el archivo sistemático de esas actuaciones y la falta de expedientes equivalentes contra otros agentes con funciones similares.
En cuanto al delito de prevaricación administrativa continuada, la Fiscalía considera que las informaciones reserva podrían encajar en esa tipificación, al tratarse de resoluciones administrativas dictadas sin fundamento real y con una finalidad distinta a la depuración de responsabilidades disciplinarias.
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