Dudas en el Gobierno con el Supremo y la amnistía: "Algunos pueden tener la tentación de ir al TJUE"
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió el pasado jueves dos sentencias que avalan la ley de amnistía aprobada en 2024 por el Gobierno de Pedro Sánchez. La primera resolució n, atendiendo a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas, confirma que la extinción de la responsabilidad contable de los dirigentes del proceso independentista catalán es compatible con el Derecho comunitario y no afecta a los intereses financieros de la UE. La segunda, solicitada por la Audiencia Nacional, declara que la norma tampoco contraviene la directiva europea de lucha contra el terrorismo, al aplicarse a hechos cometidos en el marco de un proceso de secesión que no hayan provocado violaciones graves de derechos humanos.
Con ambos pronunciamientos, el Ejecutivo asegura que el debate jurídico sobre la constitucionalidad y la conformidad europea de la amnistía ha quedado cerrado. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, afirmó que “la ley es constitucional y conforme al derecho europeo; el Tribunal Constitucional y el TJUE lo han confirmado”.
El escenario judicial español
Aun con el respaldo del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, la aplicación concreta de la amnistía a los líderes del proceso independentista sigue pendiente. El Tribunal Supremo (TS) mantiene la orden de detención de los dirigentes que se encuentran en rebeldía, como Carles Puigdemont y Toni Comín, y ha interpretado que la norma no cubre los delitos de malversación cometidos con “propósito de enriquecimiento personal”. Esa interpretación se basa en la decisión del TS de julio de 2024, con el voto disidente de la magistrada Ana Ferrer, que consideró que la financiación del referéndum del 1‑O implicó un beneficio patrimonial para los organizadores.
El Tribunal Constitucional (TC), presidido por Cándido Conde‑Pumpido, debe resolver los recursos de amparo interpuestos por los acusados contra la denegación de la amnistía. Se espera que el TC emita sus fallos a la vuelta del verano, aunque el cambio de ponente en el caso de Jordi Turull podría retrasar la resolución.
Si el TC estima los recursos a favor de los independentistas, el Supremo tendría que revisar su postura. No obstante, el TS aún no ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE y, según fuentes cercanas al Gobierno, algunos magistrados podrían considerar “una locura” recurrir nuevamente al tribunal europeo.
En la práctica, la amnistía ya ha beneficiado a cerca de 400 personas, entre manifestantes y miembros de cuerpos de seguridad, pero el Gobierno mantiene que la norma sólo se habrá cumplido plenamente cuando se extienda a los máximos responsables políticos del procés, como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido una “aplicación diligente e integral” de la ley, mientras que diversas voces del PSOE expresan tanto confianza como escepticismo sobre la capacidad del TS para obstaculizar el proceso.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que algunos jueces responden a motivaciones políticas y ha invitado a Puigdemont a regresar a España “si fuera él”. Estas declaraciones han generado reacciones encontradas entre los partidos independentistas y el propio gobierno.
En definitiva, la decisión del TJUE elimina la incertidumbre jurídica sobre la compatibilidad europea de la amnistía, pero la fase final de su aplicación dependerá de la interpretación que hagan el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, cuya resolución se prevé para el otoño, justo antes de la campaña electoral.
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