El Banco de España eleva su previsión de inflación al 3,6% pese al acuerdo de EEUU e Irán
El Banco de España elevó este jueves su previsión de inflación media para 2026 al 3,6 %, tras la publicación del informe trimestral de Proyecciones Macroeconómicas. Se trata de un aumento de seis décimas respecto a la estimación de marzo y supera la tasa de crecimiento prevista para la economía española, que la institución sitúa en el 2,3 % para el presente ejercicio.
Contexto internacional y sus repercusiones
La revisión se produce pocos días después del anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El Banco de España advierte que el cese de los combates no elimina de inmediato los efectos económicos derivados del conflicto, especialmente los daños a la infraestructura energética de la región, que según la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, son “demasiado importantes” para disiparse rápidamente.
Con esta actualización al alza, el Banco de España acerca sus previsiones a los escenarios más pesimistas que había contemplado en marzo. En aquel momento, la entidad había elaborado tres escenarios en función de la intensidad y duración del conflicto: un escenario central con una inflación media del 3 % para 2026, un escenario “verso” que alcanzaría el 3,9 % y un escenario severo que llegaría al 5,9 %. La nueva cifra del 3,6 % sitúa el escenario central muy próximo a las hipótesis más desfavorables que se manejaban entonces.
La revisión llega en medio del debate sobre la continuidad de las ayudas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis energética. Tras la eliminación de las rebajas fiscales sobre la electricidad y el gas, y con la reducción de los descuentos a los carburantes prevista para el 30 de junio, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció en la sesión de control del Congreso que se está trabajando en la posibilidad de aprobar un nuevo paquete de medidas destinado a proteger a hogares y empresas frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.
Este nuevo “escudo social” sustituiría al que se aprobó el 20 de marzo. Aunque el contenido definitivo aún se desconoce, el presidente ha adelantado que cualquier prórroga se decidiría en el Consejo de Ministros previsto para el 29 de junio.
La posible extensión de las ayudas cuenta con el respaldo mayoritario de los agentes sociales. En las últimas semanas, el Ministerio de Economía ha mantenido reuniones con los sectores más afectados y ha constatado un amplio consenso. Desde las gasolineras y organizaciones agrarias hasta sindicatos y patronales, todos reclaman que el Gobierno mantenga los mecanismos de apoyo mientras persista la incertidumbre sobre los precios energéticos.
El plan anterior movilizó 5.046 millones de euros, gran parte de ellos a través de rebajas fiscales sobre la electricidad, el gas y los carburantes. Según los cálculos del propio Gobierno, estas medidas beneficiaron a unos 20 millones de hogares y a tres millones de empresas, pero también supusieron una merma de ingresos para las arcas públicas. Sólo la suspensión temporal de determinados impuestos energéticos redujo la recaudación del Ministerio de Hacienda en más de 2.500 millones de euros.
Este diseño de ayudas generalizadas ha sido objeto de críticas por parte de organismos nacionales e internacionales. Instituciones como la OCDE, la Comisión Europea y la Federación Española de Empresas de Asesoría (FEDEA) han defendido que los apoyos públicos frente a crisis energéticas deben concentrarse en los hogares y empresas más vulnerables, en lugar de aplicarse de forma generalizada a toda la población.
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