El efecto cascada que puede traer a España a Puigdemont antes de que acabe el año
El Tribunal Constitucional se prepara para abordar, en las próximas semanas, el punto clave de la amnistía aprobada por la justicia europea. El pleno, presidido por Cándido Conde‑Pumpido, iniciará el debate el 22 de septiembre con el recurso de amparo presentado por Jordi Turull, el primero de los siete dirigentes independentistas a los que el Tribunal Supremo negó la medida de gracia por la acusación de malversación del procés.
El Supremo había excluido la malversación de la amnistía al considerar que la legislación contempla una excepción para los casos en que exista un “propósito de enriquecimiento o beneficio personal de carácter patrimonial”. Ahora corresponde al Constitucional revisar esa interpretación. Si el tribunal determina que la excepción no procede, cambiaría el panorama judicial de todos los condenados por la misma causa.
Calendario y posibles efectos
Tras Turull, en los siguientes plenos del Constitucional se discutirán los recursos de los demás dirigentes, incluidos los procesos que siguen en el extranjero, como el del expresidente catalán Carles Puigdemont. El magistrado José María Macías, ponente del recurso de Turull y uno de los miembros más críticos con la ley de amnistía, parece inclinado a rechazar el amparo, lo que probablemente será confirmado por la mayoría del pleno. En caso de que su propuesta sea rechazada, Macías podría redactar una nueva resolución acorde con la posición mayoritaria o ceder la ponencia, lo que abriría la posibilidad de que Conde‑Pumpido asuma la ponencia.
Las fuentes anticipan que la primera semana de octubre se resolverán todos los recursos de amparo, lo que permitirá al Tribunal Supremo aplicar la doctrina que el Constitucional establezca. En los casos de condenas ya dictadas (Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa), será la propia Sala que emitió las sentencias la que deba adaptar sus resoluciones. En los procesos que continúan fuera de España (Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig), el foco recaerá en el magistrado Pablo Llarena, encargado del instrucción del procés y responsable de mantener vigentes las órdenes nacionales de detención.
El alto tribunal descarta, según fuentes del Supremo, que Llarena plantee una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la amnistía. Una vez definida la doctrina constitucional, el paso siguiente será su aplicación directa por los tribunales competentes.
La defensa de Puigdemont tampoco tiene previsto presentar escritos de inmediato. El abogado Gonzalo Boye declaró que, si el Constitucional fija una doctrina clara, serán los propios tribunales los encargados de aplicarla, y que la combinación del pronunciamiento del TJUE y la futura sentencia del Constitucional debería obligar al Supremo a reconocer la amnistía, lo que permitiría al expresidente regresar a España sin riesgo de detención.
En resumen, el 22 de septiembre marcará el inicio del proceso constitucional que determinará si los recursos de amparo subsiguientes seguirán su propio recorrido o si una única doctrina será suficiente para resolverlos a todos, incluido el caso de Puigdemont.
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