El empresario Aldama abre las declaraciones del juicio por el caso mascarillas
En la audiencia del Tribunal Supremo celebrada este miércoles, el empresario Víctor de Aldama acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de encontrarse “en el escalafón 1” de una supuesta “banda organizada” de la que habría formado parte el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.
Los presuntos “encajes” y la mecánica de los pagos
Aldama describió una serie de “mordidas” que habría pagado a Ábalos, entre ellas el alquiler del piso de la expareja de este último, Jéssica Rodríguez, y los gastos cotidianos que el ministro necesitaba cubrir. Según el testimonio, el contrato de compraventa de un piso en el Paseo de la Castellana funcionaba como garantía: si Ábalos no recibía el dinero, el inmueble quedaba en posesión de Aldama, quien lo calificó como “un riesgo empresarial”.
En relación con Koldo García, Aldama relató que la relación se fue “enturbiando” y que llegó a protagonizar un episodio “desagradable” en el que, presuntamente, agredió al asesor en su oficina. La entrega de los sobres con dinero se realizaba a través del hermano de Aldama, Joseba, quien viajó en dos ocasiones a República Dominicana para recoger 20 000 dólares, obtenidos de negocios de clínicas en ese país.
Aldama afirmó que nunca buscó al ministro ni al asesor para obtener obras o contratos; su objetivo, según sus palabras, era “ganar notoriedad y poder para hacer negocios en otros ámbitos”. Admitió que las comisiones no tenían un porcentaje fijo, sino que se pactaban en función de la obra concreta.
Respecto a la forma de entregar el efectivo, Aldama detalló que, cuando el importe superaba los 50 000 euros, lo introducía en un sobre; si alcanzaba cifras más altas, de hasta 350 000 euros, los transportaba en una mochila. El dinero se introducía en una bolsa de plástico de supermercado y se depositaba en una pequeña caja dentro del despacho de Ábalos, bajo la excusa de que “el ministro por educación no lo contaba”.
Inicialmente, Aldama entregaba “favores” para “sembrar” confianza, pero después pasó a pagar 10 000 euros mensuales a Ábalos y a García, describiendo la cantidad como “simbólica”. Los pagos a García se realizaban siempre en presencia de Ábalos, a quien Aldama calificó de “incómodo”.
El empresario aseguró que, según García, el presidente Sánchez estaba al tanto de las operaciones y que “todo lo que hacían lo tenía claro”. Además, describió que en las conversaciones internas se referían a Sánchez como “el uno” y a Ábalos como “el jefe”.
En el mismo testimonio, Aldama relató otras prácticas, como la entrega de dinero a otros personajes del entorno político, entre ellos el exjefe de gabinete de la exministra María Jesús Montero y el exdirigente socialista Santos Cerdán.
El testimonio también incluyó referencias a contactos internacionales, como la relación con Javier Hidalgo y la gestión de una supuesta deuda venezolana de 22 millones de dólares, en la que se habría ofrecido diamantes, petróleo e inmuebles a funcionarios de Maduro. Aldama describió que, tras presiones del Gobierno de Maduro, se intentó cambiar la postura española respecto a Juan Guaidó, a quien describió como “el presidente de Venezuela”.
En cuanto a la supuesta financiación del PSOE, Aldama explicó que la “ayuda” consistía en que las constructoras presentadas al Ministerio pagaran en efectivo, sin facturación, y que el dinero se destinaba a la financiación del partido, aunque él no comprendía del todo la mecánica.
El empresario también reveló que, para “relajar” a Ábalos, se organizaron encuentros con “señoritas” que pasaron la noche con el exministro; Aldama fue el único que pagó a esas mujeres.
En el relato del encuentro con el presidente Sánchez, Aldama describió que, tras una comida en el Ministerio, fue conducido a una zona privada del teatro donde se celebraba un mitín, y allí el presidente le agradeció “por todo lo que estaba haciendo”, tomándose una fotografía con él y con Koldo García.
El proceso judicial se enmarca dentro del caso “mascarillas”, que investiga presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión y una multa de 3,8 millones de euros para Ábalos, y 19 años y medio y una multa de 3,6 millones para García. Contra Aldama se pide 7 años de cárcel y una multa de 3,7 millones, con atenuante de confesión por su colaboración.
El PP, a través de la acusación popular, eleva las penas a 30 años de cárcel para Ábalos y García, y solicita la misma condena para Aldama que la del fiscal. La Fiscalía argumenta que los tres acordaron una “organización criminal” con ánimo de enriquecimiento, aprovechándose del cargo del ministro para adjudicar contratos y obtener comisiones en efectivo.
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