El Gobierno defiende su "correcta actuación" en el caso Plus Ultra y respalda a Zapatero: "Seguimos creyendo en su inocencia"
El empresario Julio Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha ratificado este martes ante la Audiencia Nacional que Zapatero percibió una comisión del 1 % por el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra, además de recibir 5.000 euros mensuales.
Ante la aparición de estos datos, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, manifestó en la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros su plena confianza en la inocencia del exmandatario. “Seguimos creyendo en su inocencia”, aseguró Saiz, añadiendo que el Ejecutivo no valorará las versiones o “estrategias de defensa” que se presenten en sede judicial.
Reacciones del Gobierno
Saiz subrayó que la investigación se encuentra en una fase inicial y reiteró la disposición del Gobierno a colaborar con la Justicia. Además, defendió que la tramitación del préstamo a Plus Ultra se ajustó estrictamente a la normativa vigente: “No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue la correcta”.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también estuvo presente y se limitó a remitir a las palabras de la portavoz, indicando que ella no comenta causas judiciales en curso.
María Jesús Montero, secretaria general del PSOE en Andalucía, intervino en defensa de Zapatero, señalando que “las personas que enviaron escritos para colaborar con la Justicia han cambiado de versión siguiendo una estrategia vinculada a la sentencia del exministro José Luis Ábalos y a los beneficios de Aldama”. Según Montero, este “cambio de versión” constituye “una línea peligrosa que se ampara en mentiras” y busca obtener un “mejor trato” si se condena a otras personas implicadas.
Montero recordó que Plus Ultra ha sido objeto de auditorías por diversas instancias tras una denuncia, y que las conclusiones confirmaron la legalidad de la ayuda concedida. La SEPI constató que las condiciones del préstamo cumplían con lo dispuesto por la ley, añadiendo que cualquier acusación debe especificar quién y cuándo se produjeron los supuestos hechos.
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