El Gobierno intenta reconducir su imagen en la respuesta a la crisis de Ceuta tras 29 días y mientras crece la tensión en la calle
Este jueves, tres miembros del Gobierno acudieron al Congreso de los Diputados para comparecer y explicar las medidas adoptadas frente a la crisis humanitaria que vive Ceuta, donde en los últimos días se registraron unas 70 000 llegadas masivas de personas. La presencia de Félix Bolaños (Presidente del Gobierno, Justicia y Relaciones con las Cortes), Fernando Grande‑Marlaska (Ministro del Interior) y Mónica García (Ministra de Sanidad) buscó reconducir la imagen del Ejecutivo, responder a las críticas de la oposición y transmitir tranquilidad a la ciudadanía ceutí.
Las comparecencias y los argumentos del Gobierno
Félix Bolaños abrió la sesión parlamentaria en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Recalcó que el Gobierno ha destinado 180 millones de euros desde 2022, una cifra superior a la inversión de los dos últimos gobiernos del PP. Destacó el despliegue de recursos en seguridad, personal judicial y sanitario, y subrayó que la ausencia del presidente y de varios ministros por vacaciones no implica desatención de la crisis. Según Bolaños, la respuesta se ha coordinado mediante llamadas y decisiones telemáticas, y se ha llevado a cabo un trabajo interno de recopilación y análisis de informes para la toma de decisiones.
El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, respondió a la polémica suscitada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien había afirmado que 25 agentes de inteligencia españoles estaban operando en Ceuta. Grande‑Marlaska señaló que no se recibió información previa ni precisa sobre la magnitud del fenómeno migratorio y que la Delegación del Gobierno en Ceuta tampoco había sido alertada por los servicios de inteligencia. En su comparecencia subrayó que el Gobierno no disponía de datos concretos antes del estallido de la afluencia masiva.
Mónica García centró su intervención en la dimensión sanitaria de la crisis. Desmintió que la llegada de migrantes supusiera una amenaza de salud pública, indicando que el sistema sanitario de Ceuta no ha colapsado: no se suspendió ninguna consulta ni quirófano, y durante el pico de la crisis se mantuvieron más de 100 camas libres. Según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el riesgo de transmisión de enfermedades entre los migrantes se sitúa en un nivel moderado, mientras que el riesgo para la población local es bajo. La ministra anunció la movilización de 45 000 dosis de vacunas para la comunidad autónoma y la continuidad de la vigilancia epidemiológica.
El vicepresidente del Gobierno y responsable del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, reiteró el llamamiento a la no violencia y a la convivencia pacífica. Subrayó que, a día de hoy, 1 827 adultos y 1 475 menores han sido alojados y registrados, y que 300 niñas están bajo supervisión de entidades locales por su especial vulnerabilidad. Indicó que el 5‑10 % de los 70 000 llegados permanece en la ciudad, la mayor parte de los que se han ido lo hicieron por voluntad propia y no por actuaciones forzadas del Gobierno.
La oposición, liderada por el PP y Vox, acusó al Ejecutivo de haber dejado un vacío institucional al encontrarse gran parte del Gobierno de vacaciones. Señalaron la falta de información y la supuesta inacción frente a Marruecos, citando supuestas filtraciones obtenidas mediante el software Pegasus en 2022. El gobierno refutó estas acusaciones, recordando que la Audiencia Nacional archivó la investigación por no poder determinar autoría y que no existen evidencias que vinculen a Marruecos con las 70 000 entradas.
Datos de la gestión
- Inversión desde 2022: 180 millones de euros.
- Personas alojadas: 1 827 adultos.
- Menores registrados: 1 475.
- Niñas bajo protección especial: 300.
- Porcentaje de migrantes que permanecen en Ceuta: 5‑10 %.
- Dosis de vacunas movilizadas para Ceuta: 45 000.
- Riesgo de transmisión de enfermedades (CCAES): nivel moderado entre migrantes, bajo para la población local.
En el plano judicial, el Tribunal Supremo, mediante la sentencia 814/2026 del 29 de junio, determinó que a un ciudadano argelino interceptado el 14 de noviembre de 2024 no le podía aplicarse una devolución en caliente, estableciendo un precedente importante para futuros procesos de retorno.
El Gobierno ha destacado que, pese a la complejidad de la crisis y a la necesidad de identificar, registrar y revisar cada caso individualmente, cuenta con la capacidad institucional para gestionar la situación y restablecer la normalidad en Ceuta, aunque advierte que el proceso requerirá tiempo.
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