El Gobierno pospone a septiembre la aprobación del decreto ley de vivienda por la falta de apoyos
El Gobierno ha decidido posponer la aprobación del Real Decreto‑Ley de medidas de vivienda, que incluía la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, para el mes de septiembre. La decisión, anunciada por fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se produce después de que el Consejo de Ministros, previsto para el martes 28 de julio, descartara la votación del texto por falta de apoyos parlamentarios suficientes.
Según el propio Ministerio, encabezado por Isabel Rodríguez, el aplazamiento busca “dar unas semanas más de margen a la negociación” y alcanzar un acuerdo amplio y transversal con las fuerzas parlamentarias que permita “garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía”. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el consenso será buscado “se tarde lo que se tarde”.
Contenido y alcance del proyecto de decreto
El texto acordado por el PSOE y Sumar contemplaba, entre otras medidas, una prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler para los inquilinos cuyos arrendamientos vencieran el 30 de junio 2028. Según los cálculos de la coalición, esta extensión beneficiaría a casi un millón de personas, lo que se traduciría en alrededor de cuatro millones de potenciales beneficiarios y un millón y medio de hogares entre marzo 2026 y junio 2028.
Además, el proyecto incluía:
- Regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.
- Aumento del tipo de IVA aplicable a los pisos turísticos del 10 % al 21 %.
- Endurecimiento del régimen sancionador para la publicidad de viviendas en plataformas digitales.
- Propuesta de medidas de protección para familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar desahucios.
Sin embargo, el conjunto de estas medidas ha generado discrepancias entre los socios del Gobierno y los partidos de la oposición.
Posturas de los partidos
Junts per Catalunya denunció que el texto contiene “políticas intervencionistas” y demandó la inclusión de bajas de impuestos, desgravaciones fiscales para inquilinos, deducción de una parte de la cuota hipotecaria para pequeños propietarios y el desbloqueo de la Ley antiokupas. El partido también pidió que la iniciativa de vivienda asuma el coste de las políticas sociales dirigidas a personas vulnerables.
Partido Nacionalista Vasco (PNV) defendió la necesidad de incorporar la reforma de la Ley del Suelo, que según su posición reduciría la burocracia y facilitaría la construcción de vivienda con mayor dinamismo. El PNV había firmado previamente una proposición de ley con los socialistas que incluía este apartado, pero que quedó sin aprobarse en el mandato anterior.
Podemos rechazó enfáticamente la reforma de la Ley del Suelo incluida en el proyecto, describiéndola como una “reforma a medida” para grandes tenedores de suelo. La formación demandó la eliminación de los cambios que, según ella, legalizarían proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo y suprimirían el derecho de los antiguos propietarios a recuperar terrenos expropiados que no se utilicen para el fin previsto.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) también criticó la ausencia de regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, señalando que estas modalidades se han convertido en la vía principal para evadir la normativa de precios y alimentar la especulación.
Ante la falta de consenso, el Consejo de Ministros ha retirado el tema del orden del día del último encuentro antes de las vacaciones de agosto, destinando la sesión a la gestión de la emergencia climática y los incendios forestales.
El Ministerio de Vivienda ha subrayado que seguirá trabajando para “lograr el mejor acuerdo posible” y que la prórroga del alquiler, la moratoria de desahucios y otras medidas de apoyo a los arrendatarios siguen siendo prioridades del Ejecutivo.
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