El Gobierno se reafirma en su crítica a algunos jueces y celebra el castigo a la corrupción, "se llame Ábalos o Ayuso"
El Gobierno español ha reaccionado con dureza tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro José Luis Ábalos a 24 años, tres meses y 19 días de prisión, y a Koldo García a 19 años, ocho meses y un día, en el caso de la presunta adjudicación irregular de mascarillas durante la pandemia. En la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo reiteró su política de “tolerancia cero” frente a la corrupción y subrayó que “quien sea, Ábalos o Ayuso, pagará por sus actos”.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, cercano al presidente Pedro Sánchez y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, fue el portavoz principal. López recordó que “la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, pero existen casos de corrupción; lo mismo ocurre con los jueces, la mayoría son excelentes, aunque algunos no lo son”. Insistió en que es fundamental “no mezclar todo ni confundir los casos”, y destacó que el Partido Socialista había actuado con rapidez, expulsando a Ábalos pocos días después de la detención de su mano derecha y, posteriormente, a Santos Cerdán tras un contundente informe policial.
Comparativa con la posición del PP y la polémica alrededor de Isabel Díaz Ayuso
López contrastó la actuación del PSOE con la del Partido Popular, a la que acusó de “amparar y proteger” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Señaló las investigaciones que vinculan a la pareja de Ayuso, Alberto González Amor, con una facturación de 4,4 millones de euros a la empresa de salud Quirón Prevención entre 2021 y 2023, mientras ambos eran novios y Quirón era el principal contratista del gobierno regional. Según el ministro, “hay hechos escandalosos y es sorprendente la normalidad con la que se aceptan”.
El ministro también abordó el caso de Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de prisión, pena que quedó suspendida a cambio de que no cometa nuevos delitos en los próximos cinco años y realice trabajos en beneficio de la comunidad. El Ejecutivo consideró la medida como una “recompensa a quien colabora con la justicia”.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Elma Saiz, reiteró el compromiso del Gobierno con la transparencia, la integridad y el mérito. Citó el comunicado oficial del día anterior, que declara “tolerancia cero” ante la corrupción y una “condena sin matices” a las conductas que se alejan de los valores del Gobierno.
Saiz también criticó la actuación del juez Juan Carlos Peño, quien había ordenado la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y la comparecencia quincenal de la mujer del presidente, una decisión que, según la ministra, “ha sido un atropello desde el primer minuto”.
En otro punto del discurso, la portavoz señaló las diferencias entre la reducción de la pena de Aldama y el indulto concedido en octubre de 2024 a José Luis Peñas, exconsejal del PP que colaboró en la investigación de la trama Gürtel. Saiz enfatizó que “las medidas de gracia del Ejecutivo y las atenuaciones judiciales son procedimientos diferentes, pero ambos deben respetar la separación de poderes”.
Finalmente, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto‑ley con una inversión de 2.218 millones de euros para reforzar los servicios de dependencia, en línea con la agenda de apoyo a los colectivos más vulnerables.
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