El Instituto Coordenadas reclama un respaldo "sin reservas" a Schengen aunque diez países mantienen controles interiores
El Instituto Coordenas para la Gobernanza y la Economía Aplicada solicitó este martes un respaldo “sin reservas” al espacio Schengen y denunció que diez de los veintinueve Estados miembros que lo integran mantienen reactivados los controles internos en sus fronteras.
En un informe titulado Schengen no se defiende cerrándolo, el organismo sostiene que la amenaza actual para la libre circulación no proviene de la frontera exterior, sino de la erosión gradual del interior del espacio.
Coste económico y riesgos de la fragmentación
El pasado 2 de junio la Comisión Europea emitió dictámenes sobre los controles temporales impuestos por Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Eslovenia y Suecia, instando a su levantamiento progresivo. El Código de Fronteras Schengen obliga a la Comisión a pronunciarse cuando dichos controles se prolongan más de doce meses por el mismo motivo.
Según el Instituto, el problema no es la existencia puntual de los controles —previstos por la normativa— sino su permanencia: medidas concebidas como excepciones se han convertido en parte del panorama habitual mediante prórrogas sucesivas que repiten los mismos argumentos año tras año.
Los estudios encargados por el Parlamento Europeo sitúan el coste económico de esta fragmentación entre 5.000 y 18.000 millones de euros al año. Una interrupción de dos años elevaría el impacto a 51.000 millones de euros y provocaría una caída del 0,14 % del PIB de la Unión, lo que equivale a aproximadamente 230.000 millones de euros anuales.
Frente a este diagnóstico, el informe subraya que la frontera exterior común “sí está funcionando”. El Sistema de Entrada y Salida (EES) alcanzó plena operatividad el 10 de abril de 2026, registró más de 60 millones de entradas y salidas de nacionales de terceros países en sus seis primeros meses y denegó la entrada a 32.000 personas. Por su parte, el presupuesto de Frontex ha pasado de 460 millones de euros en 2020 a una media anual cercana a los 900 millones, con la previsión de contar con 10.000 efectivos permanentes en 2027.
“No falta capacidad, falta confianza”, afirmó el vicepresidente ejecutivo del Instituto, Jesús Sánchez Lámbas, al puntualizar que “ningún espacio de libertad se defiende suprimiéndolo”. Según él, la prórroga indefinida del control interior “no refuerza la seguridad europea; erosiona el activo que dice proteger”.
Sánchez Lámbas reclamó un acuerdo institucional con un plazo máximo de veinticuatro meses para restablecer la plena vigencia de la libre circulación interior, acompañado de un refuerzo verificable de la frontera exterior común.
Propuestas clave del informe
- Establecer una evaluación de impacto obligatoria y pública para todo control interior que supere los doce meses.
- Introducir una cláusula que impida a cualquier Estado suspender la libre circulación respecto a otro sin un dictamen previo de la Comisión.
- Crear un pacto entre los Estados miembros —con especial énfasis en España— sobre la gestión de las fronteras exteriores.
- Reforzar la coordinación operativa entre Frontex y las autoridades nacionales.
- Implementar un mecanismo de seguimiento y reporte continuo de los controles internos.
- Garantizar la transparencia de los criterios que justifican la reactivación de los controles.
- Fomentar la cooperación judicial y policial transfronteriza para combatir la migración irregular.
- Desarrollar un plan de contingencia para situaciones de crisis que evite la fragmentación del espacio Schengen.
- Promover la creación de un fondo europeo destinado a compensar a los Estados miembros por los costes derivados de la gestión de controles temporales.
- Establecer un foro permanente de diálogo entre los Estados miembros y la Comisión para revisar periódicamente la situación de los controles internos.
El informe también dedica una sección a la convergencia institucional en torno a la frontera del estrecho de Gibraltar, citando la intervención de Lahcen Hd, presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea‑Marruecos, quien describió la situación como “la lectura más rigurosa formulada hasta la fecha” sobre la crisis de Ceuta. Hd rechazó tanto la hipótesis de una operación híbrida como la de una conspiración geopolítica, subrayando que las presiones migratorias son estructurales y no episódicas, una conclusión que coincide con la tesis central del estudio.
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