El juez Calama rechaza retirar el pasaporte a Zapatero pese a apreciar indicios de blanqueo y tráfico de influencias
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido no aplicar medidas cautelares al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras su comparecencia como investigado en el llamado “caso Plus Ultra”. En el auto judicial, al que tuvo acceso El Independiente, el juez desestima la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y respaldadas por las acusaciones populares.
Fundamentos de la resolución
La decisión se tomó después de que Zapatero respondiera durante casi tres horas a los interrogatorios del instructor, donde se le imputaron presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculados al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. A este proceso se suma una investigación paralela por la posesión de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros halladas en su despacho de la calle Ferraz, que podrían constituir un delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.
En el auto, Calama recuerda que la adopción de medidas cautelares requiere un “examen especialmente riguroso”, ya que supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse cuando concurren indicios suficientes de criminalidad y un riesgo procesal acreditado. Sin embargo, el magistrado considera que la declaración de Zapatero no ha desvirtuado los indicios racionales de criminalidad ya señalados en la imputación del 18 de mayo, como el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos, la trazabilidad de transferencias vinculadas a los fondos del rescate y el uso de sociedades mercantiles que, según la investigación, habrían canalizado dichos pagos.
El instructor también incluye como elemento probatorio el análisis preliminar del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes, remitido a España por las autoridades estadounidenses, así como el hallazgo de las joyas en el despacho del exmandatario, cuyo origen y regularización fiscal aún no han sido acreditados.
No obstante, el juez concluye que no existen los presupuestos necesarios para acordar medidas cautelares personales. Señala que Zapatero es una persona de “pública notoriedad”, lo que dificulta que pueda ocultarse o eludir el procedimiento. Su alta visibilidad, el arraigo manifiesto en territorio nacional y la ausencia de indicios de intención evasiva eliminan, a su juicio, el riesgo real y actual de fuga.
Asimismo, el magistrado estima que no se percibe riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, puesto que los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. Por tanto, considera que la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país o la comparecencia periódica no resultan necesarias y constituirían una restricción injustificada de derechos fundamentales, contraria al principio de proporcionalidad y a la prohibición de que las medidas cautelares se configuren como una pena anticipada.
Las peticiones de medidas cautelares se formularon al término del interrogatorio. La Fiscalía solicitó la comparecencia quincenal ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España. A esa solicitud se sumó la acusación popular unificada, impulsada por el Partido Popular, Hazte Oír, Vox, Liberum e Iustitia Europa, que también pidió, de forma subsidiaria, la prisión provisional del expresidente. Ni el PP ni Ciudadanos solicitaron la medida de prisión.
Durante su comparecencia, Zapatero negó haber intervenido para favorecer el rescate de Plus Ultra y rechazó cualquier contacto con funcionarios o autoridades con el objetivo de impulsar la concesión de la ayuda pública. Según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, el exmandatario afirmó que jamás se reunió con directivos de la aerolínea para abordar el rescate y que solo conoció al presidente de la compañía, Julio Martínez Solá, años después de la concesión de las ayudas, en 2024.
Asimismo, Zapatero negó cualquier relación con Rodolfo Reyes, también investigado en el procedimiento. Parte de los indicios que sustentan la imputación provienen de conversaciones extraídas del teléfono de Reyes, intervenido por autoridades estadounidenses y remitido a España mediante cooperación internacional.
El expresidente defendió la actividad de la empresa Whathefav SL, gestionada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y aseguró que nunca ha poseído sociedades en el extranjero. También se desvinculó del entramado societario relacionado con el empresario Julio Martínez Martínez, aunque admitió mantener una relación personal amistosa con él y haberle realizado encargos profesionales.
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