El juez Calama rechazó el registro de la casa de Zapatero aunque la UDEF lo vinculó a la "planificación estratégica" de la red
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha denegado la autorización para realizar una entrada y registro en la vivienda particular del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) había identificado previamente el domicilio como un punto clave dentro de la supuesta operativa de la red investigada.
Según uno de los informes incorporados al sumario, al que ha tenido acceso El Independiente, la Policía Nacional sostiene que la casa del expresidente “se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”. Los investigadores describen una “estructura dual de funcionamiento” entre la oficina situada en la calle Ferraz, donde sí se llevó a cabo un registro, y la residencia de Zapatero.
Detalles de la decisión judicial
El informe que obra en poder del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional indica que “el núcleo de planificación y dirección” de la presunta red “no se circunscribiría tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno del domicilio, donde existiría mayor reserva y control de la información”. Además, la Fiscalía apunta a que no todas las instrucciones se enviaban por correo electrónico, señalando el uso de “canales de comunicación alternativos” para transmitir determinadas directrices.
La UDEF relaciona esta hipótesis con un “patrón logístico observado” tanto en la recepción de envíos como en la emisión de facturas vinculadas a la operativa investigada. Entre los indicios recabados se menciona la entrega de cajas de vino en la vivienda de Zapatero y varias facturas emitidas a la sociedad Análisis Relevante, en las que aparecía su dirección personal.
Calama descartó el registro domiciliario al considerar que no concurrían los requisitos legales necesarios para autorizar una medida de tal gravedad. En el auto en el que acordó la imputación de Zapatero, el magistrado afirmó que “no existían elementos que permitieran afirmar que en el domicilio particular de Zapatero pudieran hallarse fuentes de prueba relevantes, instrumentos del delito o documentación vinculada a los hechos investigados”. Además, sostuvo que la notoriedad pública del “caso Plus Ultra” hacía “razonablemente prescindible” que cualquier evidencia incriminatoria “habría sido ya retirada, destruida o trasladada”.
Paralelamente, el juez ha solicitado el contenido completo de una cuenta de correo electrónico gestionada por la exsecretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, así como el acceso a los buzones vinculados a las sociedades de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez. La petición incluye todos los mensajes enviados y recibidos desde marzo de 2020, junto con borrados, archivos eliminados y metadatos asociados.
En la resolución, el magistrado califica a Alcázar como una “pieza operativa esencial dentro de una red organizativa” supuestamente orientada al “ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia”. Según la Fiscalía, su labor se desarrolló desde la oficina utilizada por Zapatero, identificada por los investigadores como “el centro físico de coordinación y archivo del entramado”. El auto también indica que la cuenta gertrudis.alcazar@zapatero.es “constituyó el nodo central de comunicación interna de la organización”.
Calama asegura que los correos analizados evidencian cómo Alcázar y el colaborador Cristóbal Cano desempeñaban funciones de “coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación” vinculada a la presunta red. Ambos habrían canalizado instrucciones dirigidas a una “finance boutique” para “articular la apariencia documental de los pagos emitidos y recibidos por el entramado societario”.
Durante el registro practicado en el despacho de Zapatero, ubicado en el número 35 de la calle Ferraz de Madrid, la UDEF intervino varias joyas, relojes, brazaletes y pulseras hallados dentro de una caja fuerte. Según el acta policial incorporada al sumario, fue la propia Alcázar quien explicó a los agentes que dichos objetos pertenecían a la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, y a “regalos de viajes”. Entre los objetos incautados figuraba también un collar de oro con una placa que mostraba el nombre “José Luis R.Z.”.
Los investigadores también detallan la incautación de discos duros, teléfonos móviles, agendas, pendrives y diversa documentación encontrada en el despacho. La apertura de la caja fuerte requirió inicialmente la intervención del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, aunque finalmente no fue necesaria su actuación. Según el acta, “el abogado presente” ofreció la posibilidad de realizar una llamada telefónica para obtener la llave, tras lo cual “acudió al domicilio una persona con la llave”, permitiendo abrir la caja fuerte.
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