El PP alimenta la hipótesis de que el Congreso deberá votar un suplicatorio para enjuiciar a Sánchez
El Partido Popular (PP) volvió a plantear la posibilidad de que la justicia solicite la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como supuesto «nexo político corruptor» de diversos casos que involucran a su entorno familiar, al PSOE y al Ejecutivo. La hipótesis fue reiterada ayer por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un intenso debate parlamentario en el que los socios de gobierno también lanzaron críticas al mandatario de la Moncloa.
Para los populares, la cuestión no radica tanto en que el Tribunal Supremo eleve un suplicatorio a las Cortes para solicitar la imputación, sino en si la Cámara Baja lo aprobará. En caso de que el Congreso lo rechace, se produciría una de las escasas ocasiones en la democracia española en que un suplicatorio es denegado, aunque existen precedentes limitados. Según fuentes de Génova, «no sería extraño que el PSOE y sus aliados parlamentarios votaran en contra».
Antecedentes y figuras bajo la lupa
El PP lleva tiempo señalando a varios personajes vinculados a Sánchez como posibles implicados en la supuesta trama de corrupción. Entre ellos destacan la asesora de la presidenta del Gobierno, Leire Díez, quien ha sido citada en conversaciones sobre supuestos pagos y contactos con el exconsejero de Interior, José María Ferraz; el exsecretario de Estado, Santos Cerdán; y el llamado «Julito» Martínez, cercano al presidente. Los populares sugieren que estos individuos podrían convertirse en los próximos «Víctor de Aldama», el caso de corrupción cuyo juicio reciente ha reavivado el debate sobre la colaboración judicial.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Aldama, el PP ha intensificado su tesis de que Díez, Cerdán y Martínez podrían aportar información relevante. Según la dirección del partido, la posible colaboración de estos testigos podría esclarecer «el grado de conocimiento que tendría Sánchez de las presuntas irregularidades», así como de otras investigaciones vinculadas a exmandatarios como José Luis Ábalos y Koldo Álvarez, quienes también podrían enfrentar presiones si no colaboran.
Leire Díez ha manifestado en varias ocasiones que prefiere guardar silencio, argumentando que su silencio «vale más que sus palabras». En una entrevista reciente con el Diario Montañés afirmó que su valor radica en lo que no dice, y en conversaciones con El Independiente insinuó que posee información relevante que podría ser entregada a la Guardia Civil.
El procedimiento para tramitar un suplicatorio del Tribunal Supremo está regulado por el artículo 14.2 del Reglamento del Congreso. Si la Cámara no se pronuncia en el plazo de sesenta días naturales a partir de la recepción del documento, el suplicatorio se considerará denegado por silencio. En tal caso, la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, tendría que remitir el suplicatorio a la comisión correspondiente del Estatuto de los Diputados en cinco días, y la comisión dispondría de treinta días para emitir un dictamen antes de que el pleno de la Cámara lo vote, salvo que se decida no tramitarlo.
Los rechazos de suplicatorios son excepcionales. El último caso registrado fue en 1988, cuando el Congreso negó el suplicatorio para enjuiciar al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo. En 1999, la Cámara también denegó un suplicatorio contra el diputado socialista Manuel Goya Burgués. En enero de este año, Feijóo propuso reformar la normativa que regula los suplicatorios, argumentando que «no está preparada para un presidente que incumple la ley».
Durante el intercambio con Sánchez, Feijóo preguntó: «¿Qué espera, que le llegue el suplicatorio? ¿O es que ya está dentro de sus planes que la Cámara lo rechace?». El líder del PP sostuvo que «todos los casos que se están dilucidando en los tribunales no habrían sido posibles sin la participación de Sánchez», aunque, hasta la fecha, el presidente solo ha comparecido ante el juez Peino en Moncloa.
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