El presidente de Canarias critica la escasa previsión de la crisis migratoria: "Una vez más el Gobierno no quiso hacer caso a las advertencias"
La semana pasada El Hierro recibió cerca de 6 000 inmigrantes, una cifra que supone la mitad de la población total de la isla (aproximadamente 12 000 habitantes). La magnitud del flujo ha sobrepasado la capacidad de acogida y ha generado una presión sin precedentes en los servicios sanitarios, de emergencia y de acogida.
Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, y Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, expresaron su preocupación en la entrevista concedida a “Más de Uno”. Ambos coincidieron en la necesidad urgente de reforzar tanto el personal como los recursos materiales y solicitaron una respuesta inmediata por parte de las administraciones centrales para hacer frente al creciente número de arribos por la ruta atlántica.
Principales problemas y demandas
Según Armas, la dificultad no radica únicamente en la llegada de los cayucos, sino en la escasa capacidad para trasladar a los recién llegados a otras islas, sobre todo a Tenerife y Gran Canaria. “El problema no es que llegue la gente, el problema es la capacidad que tengamos de derivar a esta gente”, afirmó.
Durante la jornada anterior se registraron más de 600 personas en cuatro embarcaciones, y otras llegaron en la mañana de la entrevista. Los meses de octubre, noviembre y diciembre son los más propicios para las travesías desde Gambia y Senegal, y la ruta marítima suele dirigirse directamente a La Restinga.
Los servicios sanitarios de la isla, que cuentan con un hospital de 31 camas pensado para una población de unos 10 000 habitantes, se encuentran al borde del colapso. En el centro de acogida de San Andrés ya se albergaban alrededor de mil personas, y los equipos médicos deben atender a los inmigrantes en el muelle, en las instalaciones de acogida y en el propio hospital.
Los profesionales de Salvamento Marítimo, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como los conductores de guaguas, están trabajando “por encima de sus posibilidades”. Armas solicitó inicialmente más personal y, posteriormente, recursos materiales y financiación para hacer frente a la emergencia.
Clavijo denunció la falta de previsión del Gobierno de España. Aseguró que desde hace meses había advertido del desplazamiento de los flujos migratorios hacia la ruta atlántica tras el cierre de la ruta del norte y del episodio en Ceuta, pero que sus peticiones no recibieron la respuesta necesaria.
- Reforzar el personal sanitario y policial en El Hierro.
- Incorporar la isla al mecanismo de respuesta de emergencia de la Unión Europea.
- Activar la operación de Frontex y habilitar derivaciones a otras comunidades autónomas.
- Compensar a La Restinga por la pérdida de actividad económica (de 11 centros de buceo a solo cuatro).
- Crear un órgano de seguimiento con reuniones semanales mientras dure la crisis migratoria.
Otro punto crítico es la acumulación de alrededor de treinta cayucos en el puerto de La Restinga, tras la avería del sistema utilizado para sacarlos del agua. La presencia de tantas embarcaciones, combinada con la amenaza de una borrasca, pone en riesgo la seguridad de los pantalanes y de los barcos atracados. Clavijo culpó al Estado de la demora en retirar los cayucos y denunció que la grúa empleada no era adecuada para la tarea.
Las condiciones meteorológicas adversas pueden complicar aún más las travesías: los cayucos que parten de Senegal y Gambia tardan entre cuatro y cinco días en llegar a Canarias, lo que aumenta la probabilidad de que enfrenten tormentas en el trayecto y lleguen en peor estado, requiriendo mayor asistencia sanitaria.
La mortalidad en la ruta atlántica también ha escalado. Recientemente se registró un naufragio cerca de la costa de Senegal en el que fallecieron alrededor de 35 personas. Según distintas ONG, el número total de muertos supera las mil personas, y la proliferación de embarcaciones inflables, más frágiles, incrementa el riesgo.
Clavijo vinculó el aumento de las llegadas a la inestabilidad política en Senegal, a la suspensión de fondos europeos para cooperación y desarrollo y a otros factores que, a su juicio, han intensificado los flujos migratorios sin que se haya recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades centrales.
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