El PSOE propuso reformar el Reglamento que le permite ahora bloquear 71 veces la profesión de riesgo para la Guardia civil
El debate sobre si los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben ser considerados una profesión de riesgo ha vuelto a centrarse en el Congreso, tras la onceava extensión del plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley del Partido Popular que, en 2024, busca reconocer esa categoría laboral a la Policía, la Guardia Civil y a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera. La prórroga, ya llevada a cabo 71 veces por la Mesa del Congreso, se produce después del fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha, un hecho que avivó la discusión, pero que la mayoría del bloque ejecutivo, que controla el órgano de gobierno del Congreso, ha vuelto a bloquear.
En junio de 2017, los socialistas presentaron una reforma del Reglamento de la Cámara Baja con el objetivo de impedir la prórroga sistemática de los plazos de enmienda. Según la exposición de motivos, la práctica actual “obstaculiza la completa tramitación de textos legislativos que cuentan con el apoyo mayoritario de la Cámara, dilatando indefinidamente el procedimiento”. La propuesta socialista preveía que, una vez publicado el texto de la iniciativa, los diputados y los grupos parlamentarios tendrían un plazo de quince días para presentar enmiendas, prorrogable en dos ocasiones por acuerdo de la Mesa del Congreso si lo solicitara algún grupo parlamentario. Si esas dos prórrogas resultaran insuficientes, cualquier ampliación adicional requeriría el voto favorable de al menos dos grupos que representaran la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
Propuestas de reforma del Reglamento del Congreso
El partido Ciudadanos, con representación en la Cámara Baja hasta 2022, presentó en 2022 una proposición de ley similar, firmada por el entonces portavoz del partido, Edmundo Bal. Su texto proponía modificar el artículo 43 del Reglamento para que la prórroga del plazo de enmiendas “más allá de los cuatro meses” desde la publicación de la proposición requiriera el voto favorable de tres cuartas partes de los miembros de la Mesa del Congreso, elevando así el umbral de consenso. Asimismo, el artículo 91, que regula los trámites de urgencia, debería limitarse a un máximo de dos meses desde la publicación.
Bal también denunció la práctica de tramitar decretos como proyectos de ley que nunca llegan a publicarse, mientras el decreto sigue en vigor. Para estos casos proponía un plazo de enmiendas de quince días a contar desde la convalidación del decreto, prorrogable una semana, y, de forma excepcional, una única prórroga adicional por acuerdo unánime de la Mesa.
Recientemente, el Tribunal Constitucional ha llamado la atención sobre la misma práctica de la Mesa del Congreso, que en 71 ocasiones extendió el plazo de presentación de enmiendas a un decreto de 2020 convertido en proyecto de ley por vía de urgencia. El Tribunal determinó que la Mesa “procedió sistemáticamente, y sin motivación de su decisión, a autorizar sucesivas prórrogas”, vulnerando el derecho de los diputados a ejercer sus funciones representativas y a participar políticamente.
A pesar de la rebaja del Tribunal, la proposición de ley del PP que pretende incluir a la Policía, la Guardia Civil y a los funcionarios de vigilancia aduanera en el colectivo de trabajadores con coeficiente reductor de la edad de jubilación por la peligrosidad de su trabajo sigue sin avanzar, bloqueada por la mayoría que controla la Mesa bajo la presidencia de Francina Armengol y con el apoyo de Sumar.
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