El PSOE se reafirma en su idea de "cacería" judicial tras el auto de Peinado: "Cada zancadilla nos da más fuerza"
El ministro Félix Bolaños declaró que el juez Juan Carlos Peño “es el mejor ejemplo de juez que actúa contra el Gobierno”, tras el auto dictado en la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. En el documento de 84 páginas el magistrado ordenó la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, y adoptó medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio español y la comparecencia ante el juzgado en los próximos quince días.
Además, Peño afirmó que los agentes de seguridad que custodian a la esposa del presidente podrían ayudarla a fugarse, comentario que provocó la más enérgica condena de los sindicatos policiales y un amplio rechazo por parte del Ejecutivo y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Reacciones del Gobierno y del PSOE
El Gobierno respondió de inmediato, calificando el auto de “despropósito” y “barbarie”. El presidente del Gobierno y miembros de su equipo describieron la actuación del magistrado como una persecución política y una medida desproporcionada. Óscar Puente, titular de Transportes, utilizó el hashtag #YoConBegoña en X (antes Twitter) y definió la resolución como una “ignominia”. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, señaló que “es un día nefasto para quienes creemos en la justicia” y preguntó quién reparará el daño causado.
Otros ministros y dirigentes del PSOE, entre ellos Óscar López, José Manuel Albares y Elma Saiz, también expresaron su repudio, describiendo al juez como “excesivo” y “desproporcionado”. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, sostuvo que el caso “confirma lo que sospechábamos: existe un ataque directo y obsesivo contra el presidente”.
En el ámbito territorial, dirigentes de distintas regiones manifestaron que el auto “cierra filas” dentro del partido y refuerza la percepción de una “cacería judicial” contra el Gobierno. Un responsable autonómico afirmó que “el relato de ataque al Gobierno va a coger fuerza” y que la gente está viendo la indignación generada por la medida.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, convocó una reunión de urgencia para valorar si los comentarios de Peño sobre los escoltas de Gómez justifican la apertura de un expediente disciplinario. Ante la falta de acuerdo, la decisión se pospuso para el lunes siguiente en una sesión presencial.
El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, presentó una queja formal ante la presidenta del CGPJ por el “grave cuestionamiento a la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” que supuso la afirmación del magistrado.
En paralelo, el Gobierno comparó la actuación de Peño con la del juez José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra contra el ex presidente José Luis Zapatero. Calama, a diferencia de Peño, optó por no retirar el pasaporte ni imponer restricciones de movimiento, argumentando que la notoriedad pública del investigado dificulta cualquier riesgo de fuga.
El caso de Begoña Gómez se suma a otras investigaciones que han alimentado la narrativa de “lawfare” en la que el PSOE percibe una campaña judicial destinada a desestabilizar al Gobierno. Entre ellas destacan la causa contra el ex ministro José Luis Ábalos por el caso de las mascarillas y la investigación de Leire Díez, en la que también se menciona al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Mientras tanto, la esposa de Sánchez mantiene su inocencia y asegura que las acusaciones carecen de pruebas, lo que, según sus defensores, no solo le perjudica a ella, sino que también daña la imagen de la justicia. La polémica ha generado una oleada de apoyo popular y ha llevado a los líderes socialistas a describir la situación como “una agresión contra la democracia y el Estado de derecho”.
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