El Supremo de Argentina suspende el decreto de Milei que eliminaba los límites a la compra de tierras por extranjeros
La Corte Suprema de la Nación suspendió este viernes la vigencia de un artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante una medida cautelar que anula, de forma provisional, la derogación de la Ley de Tierras Rurales aprobada en 2011. La decisión se produce a raíz de la demanda presentada por la asociación ambientalista Árbol de Pie, que alegó la vulneración del derecho constitucional a un medio ambiente sano.
El 29 de septiembre, la Corte, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, había revocado una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el mismo decreto a petición del Centro de Excombatientes en las Islas Malvinas (Cecim). En ese fallo, el máximo tribunal concluyó que el Cecim carecía de legitimación para impugnar la norma.
Nuevo pronunciamiento y voto disidente
En la sesión de este viernes, los magistrados Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci votaron a favor de la medida cautelar que suspende la derogación de la Ley de Tierras hasta que los tribunales inferiores resuelvan el caso de Árbol de Pie. El juez Carlos Rosenkrantz emitió voto de disidencia.
El fallo enfatiza que el deber primordial de los jueces es “ser celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”, y subraya la necesidad de aplicar las normas de manera razonable a las circunstancias particulares de cada caso.
Árbol de Pie había señalado que el artículo 154 del decreto pone en riesgo la gestión racional de los recursos, la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica, por lo que solicitó la protección judicial de dichos derechos.
La medida se produce en medio de una creciente polémica política. La oposición ha anunciado la intención de iniciar un proceso parlamentario para anular el decreto de Milei en su totalidad, no solo en lo relativo a la Ley de Tierras, sino también en los ámbitos de comercio exterior, alquileres, servicios de salud privados y tarjetas de crédito, entre otros.
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