El Tribunal Internacional de Justicia declara a Birmania responsable del genocidio rohinyá

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que Birmania (Myanmar) es responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohingya durante la ofensiva militar de 2017 en el noroeste del país y ordenó una serie de medidas de reparación, investigación y garantías de no repetición.

En una votación mayoritaria, el máximo tribunal de la ONU concluyó que el Estado birmano “cometió genocidio contra el grupo rohingya” en el norte del estado de Rakhine, marcando el primer fallo de la CIJ que establece la responsabilidad internacional de un Estado por este crimen. Los jueces señalaron que las pruebas demuestran la “intención de destruir, total o parcialmente, a una parte sustancial” de la comunidad, cumpliendo con el requisito esencial de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Medidas de reparación ordenadas por la Corte

Como parte de la reparación, la CIJ obligó a las autoridades birmanas a permitir y facilitar el regreso “seguro, voluntario y digno” de los rohingyas desplazados por la ofensiva de 2017, tanto dentro de Myanmar como en el extranjero, y a garantizar la reunificación de las familias separadas. Además, el tribunal ordenó:

Puntos Clave
  • La Corte Internacional de Justicia determinó que Birmania es responsable de genocidio contra la minoría rohingya durante la ofensiva militar de 2017
  • El fallo marca la primera sentencia de la CIJ que establece la responsabilidad internacional de un Estado por genocidio
  • Se ordenaron medidas de reparación, incluyendo el regreso seguro, voluntario y digno de los rohingyas, restitución de bienes, búsqueda de desaparecidos, rehabilitación y compensación
  • Birmania debe investigar y procesar a los sospechosos de cometer actos de genocidio y garantizar garantías de no repetición.
  • Devolver o sustituir los bienes individuales y colectivos perdidos o dañados.
  • Facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.
  • Garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que hayan sufrido lesiones o traumas.
  • Indemnizar a la comunidad rohingya y a sus miembros por los daños que no puedan repararse mediante restitución material.

En materia de investigación, la Corte instó a Birmania a adoptar “medidas inmediatas y efectivas” para investigar a todas las personas sobre cuya posible participación existan sospechas razonables de haber cometido actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017, y a procesar y sancionar a los responsables cuando corresponda.

Asimismo, la CIJ requirió que el Estado birmano apruebe legislación que asegure el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y establezca “garantías de no repetición” para prevenir futuras violaciones de derechos humanos.

La sentencia atribuye responsabilidad internacional a Birmania como Estado, pero no implica una condena penal individual a militares o dirigentes específicos; esa responsabilidad recae en el propio gobierno birmano, que deberá llevar a cabo los procesos judiciales correspondientes.

La ofensiva militar de 2017 provocó el desplazamiento masivo de la población rohingya, una minoría que lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos en Myanmar. Médicos Sin Fronteras calificó la decisión de la CIJ como un “importante reconocimiento de lo que ha tenido que soportar el pueblo rohingya”, y advirtió que la persecución de este grupo no terminó en 2017, pues siguen enfrentando negación de derechos básicos, violencia selectiva y las secuelas de un conflicto más amplio, ahora reconocido por primera vez por un órgano judicial.

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Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con pasantías en medios internacionales como BBC Mundo. Especializado en periodismo de investigación y análisis político.

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