El Tribunal Internacional de Justicia declara a Birmania responsable del genocidio rohinyá
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que Birmania (Myanmar) es responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohingya durante la ofensiva militar de 2017 en el noroeste del país y ordenó una serie de medidas de reparación, investigación y garantías de no repetición.

En una votación mayoritaria, el máximo tribunal de la ONU concluyó que el Estado birmano “cometió genocidio contra el grupo rohingya” en el norte del estado de Rakhine, marcando el primer fallo de la CIJ que establece la responsabilidad internacional de un Estado por este crimen. Los jueces señalaron que las pruebas demuestran la “intención de destruir, total o parcialmente, a una parte sustancial” de la comunidad, cumpliendo con el requisito esencial de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Medidas de reparación ordenadas por la Corte
Como parte de la reparación, la CIJ obligó a las autoridades birmanas a permitir y facilitar el regreso “seguro, voluntario y digno” de los rohingyas desplazados por la ofensiva de 2017, tanto dentro de Myanmar como en el extranjero, y a garantizar la reunificación de las familias separadas. Además, el tribunal ordenó:
- Devolver o sustituir los bienes individuales y colectivos perdidos o dañados.
- Facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.
- Garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que hayan sufrido lesiones o traumas.
- Indemnizar a la comunidad rohingya y a sus miembros por los daños que no puedan repararse mediante restitución material.
En materia de investigación, la Corte instó a Birmania a adoptar “medidas inmediatas y efectivas” para investigar a todas las personas sobre cuya posible participación existan sospechas razonables de haber cometido actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017, y a procesar y sancionar a los responsables cuando corresponda.
Asimismo, la CIJ requirió que el Estado birmano apruebe legislación que asegure el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y establezca “garantías de no repetición” para prevenir futuras violaciones de derechos humanos.
La sentencia atribuye responsabilidad internacional a Birmania como Estado, pero no implica una condena penal individual a militares o dirigentes específicos; esa responsabilidad recae en el propio gobierno birmano, que deberá llevar a cabo los procesos judiciales correspondientes.
La ofensiva militar de 2017 provocó el desplazamiento masivo de la población rohingya, una minoría que lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos en Myanmar. Médicos Sin Fronteras calificó la decisión de la CIJ como un “importante reconocimiento de lo que ha tenido que soportar el pueblo rohingya”, y advirtió que la persecución de este grupo no terminó en 2017, pues siguen enfrentando negación de derechos básicos, violencia selectiva y las secuelas de un conflicto más amplio, ahora reconocido por primera vez por un órgano judicial.
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