Europa urge a España a no prorrogar su modelo de 'escudo social' energético
El pasado 1 de junio expiraron las ayudas al consumo de luz y gas en España. El 30 de este mismo mes se prevé el fin de las reducciones fiscales sobre los carburantes, a menos que el Gobierno decida prorrogarlas antes de esa fecha. Desde la perspectiva europea, la extensión de este «escudo social» energético no parece justificable, según el informe de evaluación publicado por el Consejo Fiscal Europeo (CFE) sobre la zona del euro.
El CFE advierte que, de cara al próximo ejercicio, las políticas de ayudas sociales «amplias e indiscriminadas» para mitigar los sobreprecios energéticos deberían replantearse. Durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania en 2022, la política de subsidios mostró efectos negativos en varios ámbitos, como la reducción del déficit público y la desaceleración indirecta de la transición hacia energías renovables y la disminución del consumo de combustibles fósiles.
Impacto fiscal y recomendaciones del CFE
Las reducciones fiscales sobre la luz, la electricidad y los combustibles provocaron una notable caída de los ingresos tributarios de los Estados miembros. El CFE sostiene que, una vez finalicen los periodos de ayuda, la recuperación de esos ingresos debería destinarse a la reducción del endeudamiento público y a la financiación de medidas que favorezcan la descarbonización.
En España, a partir de este mes la carga fiscal sobre la luz y el gas ha vuelto a los niveles previos a marzo. El «escudo energético» aprobado por el Gobierno había reducido el IVA del 21 % al 10 % en la electricidad, el gas y los carburantes, y había bajado el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5,11 % al 0,5 %. Con el fin de estas bonificaciones, la tributación vuelve a su punto anterior.
El sector de las estaciones de servicio advierte que, si no se prorrogan los recortes, el precio por litro de gasolina y gasóleo podría aumentar hasta 28 céntimos el 1 de julio, justo al inicio de la llamada «operación salida» del verano.
El informe del CFE también critica las ayudas generalizadas, considerándolas injustas porque benefician también a los hogares con mayor capacidad adquisitiva y un consumo energético más elevado. Por ello, insta a que los futuros escudos sociales se centren en los colectivos más vulnerables y que las medidas sean temporales, con plazos claros y sin distorsionar el mercado.
El organismo señala que prolongar las ayudas cuando la crisis energética comienza a estabilizarse contravendría la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), obligando a mantener tipos de interés más altos para contener la inflación subyacente y encareciendo la deuda pública de varios países.
Entre los países con elevado endeudamiento público que el CFE menciona están España, Francia e Italia. El consejo les recuerda que extender las subvenciones a los precios de la energía a costa de los ingresos fiscales retrasaría la consolidación fiscal y el saneamiento de la deuda.
Asimismo, el CFE advierte que las subvenciones que reducen artificialmente el precio de los combustibles fósiles desincentivan la inversión en energías limpias y no favorecen la reducción del consumo de energías contaminantes. Según el informe, estas medidas tampoco contribuyen a financiar inversiones clave para la descarbonización, como la mejora de las redes eléctricas, los sistemas de almacenamiento de energía o el desarrollo de fuentes renovables.
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