Feijóo exige retornos y un mando único: "Ceuta requiere medidas excepcionales y el Gobierno sigue sin entenderlo"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, compareció ante los medios este miércoles por la tarde en Ceuta, horas después de que varios responsables del PP –desde presidentes autonómicos hasta el propio Gobierno de la ciudad– rechazaran la reubicación de 500 menores no acompañadas que arribaron en la última oleada masiva de finales de julio. Feijóo mantuvo su postura en declaraciones realizadas en la sede del Gobierno junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
El PP no emitió un “no” rotundo, pero sostuvo que, tras el aval de la Comisión Europea, el Gobierno central debe iniciar los trámites para el retorno de todos los migrantes, independientemente de su edad. El partido considera que Marruecos es “un país seguro” a los ojos de Europa, reclama la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y recuerda que Marruecos está pidiendo la devolución de esas personas. Feijóo afirmó que el Gobierno no está utilizando ninguno de los instrumentos a disposición de España y de la UE –reglamento de crisis, Frontex, procesos de triaje, y los procedimientos de asilo y retorno– “porque no se quiere”.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la normativa europea debe respetarse, pero la legislación española protege los derechos de los menores y contempla mecanismos específicos para su acogida. Asimismo, la ley prevé procedimientos diferenciados para quienes solicitan asilo procedentes de países en conflicto. Este choque de argumentos entre una visión “humanitaria”, defendida por los socialistas, y una perspectiva “territorial”, defendida por los populares, ha generado una fuerte tensión política.
Posición del PP y acciones legales
Feijóo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “vacaciones” y de no comprender la excepcionalidad de la situación, describiendo a Ceuta como “una ciudad agobiada y con un Gobierno ausente”. Añadió que la crisis podría desembocar en “graves incidentes”. En respuesta, el PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que determine si los ministros pueden negarse a comparecer ante la Comisión del Senado que investiga los hechos en Ceuta, tras la ausencia de figuras como José Manuel Albares, Fernando Grande‑Marlaska y Margarita Robles en las citaciones de los últimos días.
Feijóo rechazó categóricamente que la postura del PP sea racista, calificándola de “una de las tres mentiras vertidas por el Ejecutivo durante esta crisis”. Para él, pedir el cumplimiento de la ley, la protección de la frontera y la expulsión de quienes entren irregularmente no constituye racismo, sino una defensa del orden público y la seguridad nacional.
El líder popular exigió la creación de un mando único que asuma la coordinación central en Ceuta, argumentando que “no manda nadie más allá del presidente Vivas”. Además, pidió reforzar las fronteras con personal y material, y reformar la Ley de Extranjería para permitir el rechazo de migrantes también por vía marítima –modo de acceso utilizado por muchos en julio–, así como una reforma de la Ley de Asilo. “Una cosa es pedir ayuda por la puerta y otra, tirar la puerta abajo”, advirtió Feijóo, señalando que, si el Gobierno no actúa, el PP lo hará cuando llegue al poder.
El dirigente también vinculó la crisis actual con la “inacción” de Sánchez y con años de diplomacia secreta con Rabat. Aseguró que, aunque desea mantener una relación de vecindad y amistad con Marruecos, la integridad territorial de España no está en juego y debe ser defendida. En este sentido, anunció que, de llegar al Gobierno, impulsará el reforzamiento fronterizo mediante la construcción de un espigón, aprovechando partidas presupuestarias europeas destinadas a este tipo de infraestructuras.
Por su parte, Vivas señaló que, aunque el Gobierno de Ceuta está en contacto permanente con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, no se ha recibido una propuesta concreta que permita valorar la situación de los menores. Recordó que “existe una directiva europea que elimina el requisito de consentimiento del menor para su retorno, aunque ahora se exige que Marruecos aporte informes sobre el entorno familiar”.
Feijóo reiteró que la normativa es clara y coincidió con la postura del PP y de la Comisión Europea: “No se puede usar una invasión para luego pedir que se queden esos menores”. Preguntó cuántos menores podrían quedar en España y recordó que la legislación de protección de menores también es aplicable en Marruecos, por lo que corresponde a ese país cuidar de sus menores. Consideró que la propuesta del Gobierno es una “distracción” y cuestionó la pertinencia de centrarse en ella en medio de la crisis.
Vivas, alineado con la línea de Génova, demandó un plan de dos fases para Ceuta:
- Fase de emergencia: restaurar la normalidad mediante la ejecución de expedientes de devolución, reforzar la seguridad y las condiciones de los agentes, recurrir a Frontex y reparar los daños con apoyo económico a los sectores más afectados.
- Fase estructural: impedir que la presión migratoria vuelva a depender de Marruecos, reducir cotizaciones a la Seguridad Social, ofrecer bonificaciones fiscales a las empresas, invertir en infraestructuras y reforzar la presencia del Estado en Ceuta, con especial atención a la sanidad y los servicios públicos.
Vivas acusó al Gobierno central de haber dejado a Ceuta “a su suerte” desde el primer momento y advirtió que no es legítimo sacar provecho político o electoral de una crisis existencial. Mientras el Ejecutivo enmarca el episodio como un drama humanitario, el PP lo eleva a una cuestión de soberanía nacional.
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