García Ortiz rompe su silencio con Évole tras su condena: "Me sentí maltratado"

Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, concede su primera entrevista después de la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a dos años de inhabilitación y una multa económica. La charla, protagonizada por el periodista Jordi Évole, se emitirá en LaSexta el próximo domingo a las 21:30 horas y se presentará en dos entregas.

En la primera parte del especial, García Ortiz repasa el origen del caso que culminó en su condena. Explica que la investigación comenzó por presuntos fraudes fiscales vinculados al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que, a medida que avanzaba, el foco mediático y político se desvió hacia su propia actuación. El exfiscal niega haber filtrado información y asegura que fue situado en el centro de la polémica en un contexto de fuerte confrontación institucional. “Estaba seguro de que saldría absuelto. Me sentí maltratado”, afirmó durante la conversación.

Detalles del especial y la entrevista

La segunda entrega profundiza en las repercusiones personales e institucionales del proceso. García Ortiz explica por qué decidió no dimitir antes de la sentencia y aborda la filtración de su imputación. Justifica decisiones controvertidas, como la borradura de su teléfono, y analiza episodios como el registro de su despacho por la Unidad Central Operativa (UCO) y la intervención de diversas acusaciones en la causa.

Durante la entrevista, el exfiscal declara que esperaba ser absuelto y califica el fallo como “un golpe muy duro”. La conversación también repasa el papel de figuras políticas y mediáticas, entre ellas Miguel Ángel Rodríguez, y el impacto que el caso ha tenido en la esfera pública.

El programa concluye con una reflexión de García Ortiz sobre el alcance de la sentencia, preguntándose quién se ha beneficiado del proceso y dejando en el aire las posibles consecuencias para la justicia y la Fiscalía: “¿Quién sale ganando con este caso y esta sentencia?”

El Tribunal Supremo dictó la condena en diciembre de 2025, marcando un precedente al sancionar a un fiscal general del Estado en democracia. García Ortiz ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la sentencia se basa en una valoración “irracional y arbitraria” de los indicios y vulnera derechos fundamentales.

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