Interior aclara la cifra y reduce a 1.500 los menores identificados en Ceuta
La Policía Nacional ha corregido a la baja la cifra de menores extranjeros no acompañados (MENOR) registrados en Ceuta, pasando de los 2 168 inicialmente comunicados a aproximadamente 1 500. La revisión se realizó tras depurar los datos informáticos, en los que diversas actuaciones sobre el mismo joven se contabilizaban erróneamente como expedientes independientes.
El pasado 18 de julio, según informó el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad informaron al Gobierno autonómico de que habían localizado, reseñado e ingresado en los registros a 2 168 menores entre el 30 de julio, día de la llegada masiva desde Marruecos, y las 9 de la mañana de esa misma fecha. Con la depuración de los duplicados, la cifra global se sitúa ahora en torno a los 1 500 menores, incluyendo a los jóvenes que ya estaban bajo la tutela de los servicios sociales ceutíes antes de los incidentes de finales de julio.
Se anticipa que el número oficial aumentará en los próximos días a medida que se consoliden los expedientes de nuevas filiaciones en curso.
Situación asistencial y medidas de redistribución
Los menores siguen en la ciudad autónoma a la espera de una respuesta institucional, ya sea a través de repatriaciones concertadas o mediante su traslado a otras comunidades autónomas para aliviar la sobrecarga del sistema local. Entre ellos se encuentran jóvenes procedentes de países en conflicto, como Sudán y la República Centroafricana, que huyen de crisis humanitarias y se ven expuestos a riesgos como matrimonios forzados, violencia de género y trata de personas, según ha señalado la ONG Save the Children.
Ante esta encrucijada, el Gobierno central ha convocado a los ejecutivos regionales a una conferencia sectorial para definir la redistribución de los menores y ha destinado 25 millones de euros a Ceuta. Sin embargo, las regiones gobernadas por el Partido Popular han rechazado el planteamiento por discrepancias en el modelo de redistribución, mientras que las coaliciones autonómicas donde Vox lidera la cartera de Infancia han decidido boicotear la reunión.
El retorno y el marco legal
El retorno asistido de menores plantea importantes obstáculos legales, ya que la normativa exige demostrar de forma individual que la repatriación constituye la medida más beneficiosa para el menor. El Tribunal Supremo declaró ilegal la devolución masiva de 2021 a Marruecos por la ausencia total de garantías y de un estudio pormenorizado de cada expediente.
Aunque España mantiene un acuerdo bilateral con Marruecos firmado en 2007, la legislación española obliga a priorizar el “interés superior del menor”, lo que requiere un análisis exhaustivo y personalizado. Entre los requisitos están el consentimiento del menor, la necesidad de que la Delegación del Gobierno solicite informes socioeconómicos a las autoridades del país de origen y la garantía de que la unidad familiar esté debidamente constituida.
Durante todo el proceso, el menor conserva su derecho a ser escuchado, a contar con asistencia letrada y a impugnar judicialmente cualquier resolución desfavorable. Como última alternativa, la ley contempla la entrega del expediente a la red de protección del país de origen, siempre que se pueda certificar que las condiciones de acogida allí superan las del sistema español.
En la sección de comentarios de El Independiente, un lector señaló: “Es decir, solo con los menores ya nos quedamos con alrededor de mil quinientos y probablemente serán más. Ahora a ver qué deciden con los que no lo son”.
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