Julio Martínez pagó 21.000 euros a las hijas de Zapatero por "un trabajo de diseño y nombre" de una marca de aceite
Julio Martínez, empresario que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama Plus Ultra, compareció ante la Audiencia Nacional en julio y declaró haber pagado 21 000 euros a las hijas del expresidente por el diseño de una marca de aceite.
Durante el interrogatorio, el juez José Luis Calama indagó sobre la actividad de Agropecuaria Lucena, la empresa de Martínez que gestiona la producción de un olivar en el municipio cordobés de Benamejí. Según el empresario, la cosecha se vende actualmente a corporaciones, aunque en años anteriores intentó comercializar el aceite directamente al mercado.
Detalles del pago y la supuesta documentación
Martínez explicó que los 21 000 euros fueron abonados a la firma de las hijas de Zapatero, denominada “Whathefav”, como contraprestación por el trabajo de diseño y denominación de la nueva marca de aceite que pretendían lanzar al público. Asimismo, afirmó que en su momento existía un “dossier completo” sobre el asunto, pero que ya no lo conserva.
El juez también le preguntó por una serie de facturas emitidas por Agropecuaria Lucena al empresario venezolano Danilo Díaz Granos. Martínez sostuvo que dichos pagos correspondían a una partida de aceite vendida durante el confinamiento por la COVID‑19, aunque no recuerda los detalles de la entrega.
En relación con sus obligaciones fiscales, el empresario aseguró haber presentado la declaración del IRPF en 2024 y 2025, pero admitió no recordar si lo había hecho en años anteriores, alegando que, debido a su situación judicial, no tiene acceso a la documentación necesaria para verificarlo. Confirmó que la presentación de la declaración de 2025 se basó en la revisión de la de 2024.
Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria indica que Martínez está vinculado a 39 sociedades, lo que contrasta con la escasa información que la propia Agencia posee sobre su actividad como persona física.
Respecto al personal de sus empresas, Martínez señaló que la plantilla ha variado a lo largo del tiempo, con un máximo de cinco empleados hasta 2025 distribuidos en tres sociedades. El juez Calama resaltó la falta de transparencia de Martínez, indicando que no registra vehículos a su nombre, mantiene muy pocas cuentas bancarias y no posee bienes inmuebles como titular particular.
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