Julio Martínez ratifica al juez que Análisis Relevante era el vehículo de los negocios de Zapatero
El empresario alicantino Julio Martínez Martínez ha ratificado este martes ante el juez José Luis Calama que la consultora Análisis Relevante, supuestamente dirigida de facto por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, funcionaba como “vehículo” para los negocios del exmandatario socialista. La información ha sido confirmada por fuentes jurídicas consultadas por El Independiente.
Declaración ante la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra
Martínez, considerado el presunto “testaferro” de Zapatero, compareció como investigado a las 9:00 horas ante la Audiencia Nacional dentro del proceso que investiga el rescate de 53 millones de euros concedido en marzo de 2021 a la aerolínea Plus Ultra. La audiencia duró más de cuatro horas, durante las cuales respondió a las preguntas del juez Calama, la fiscal Anticorrupción y su abogada, Dolores Márquez de Pro.
El empresario confirmó el contenido del escrito presentado el lunes ante el instructor, sin introducir cambios sustanciales. Sin embargo, insistió en que Análisis Relevante no desarrollaba una actividad propia, sino que servía como instrumento a través del cual Zapatero articulaba sus negocios. Según su declaración, él actuaba como mero intermediario entre los clientes y el expresidente, a quien el juez describió como un “correveidile” por limitarse a trasladar mensajes sin decidir por sí mismo.
En relación con la concesión del rescate, Martínez afirmó que desconocía por completo la existencia de Plus Ultra hasta que Zapatero le informó que el presidente del Gobierno, Julio Martínez Solá, estaba interesado en la compañía. A partir de entonces, limitó su actuación a transmitir las necesidades de la aerolínea al expresidente, sin conocer las gestiones posteriores ni con quién habló dentro del Gobierno o de la SEPI.
Martínez también admitió que, antes de que el rescate fuera oficialmente aprobado, ya estaban al tanto de que se concedería.
En los documentos presentados por Plus Ultra, su consejero delegado Roberto Roselli y su presidente Julio Martínez Solá, la aerolínea reconoció haber pagado a sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez el equivalente al 1 % del rescate (aproximadamente 530 000 euros). Asimismo, se declaró que Martínez realizó “intensas labores” en Venezuela tras el rescate, entre ellas la renegociación de una deuda millonaria con PDVSA, la obtención de permisos de vuelo y otras gestiones con autoridades venezolanas.
Respecto a esas actividades, Martínez sostuvo que fueron trabajos reales para Plus Ultra y que su principal interlocutora en Venezuela fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con quien trataba las gestiones operativas de la compañía. Según su versión, dichos trabajos se desarrollaron a través de distintas sociedades vinculadas a su entorno y fueron independientes de las gestiones para obtener el rescate.
En cuanto a los pagos realizados a las hijas de Zapatero mediante la sociedad Whathefav, Martínez inicialmente explicó que se trataba de labores de maquetación de informes, pero después admitió que recibían una iguala pese a no desarrollar un trabajo efectivo.
El empresario negó que se hubiera puesto en marcha la supuesta sociedad offshore en Dubái que aparece en la investigación, asegurando que el proyecto nunca se materializó y desvinculando a Zapatero de esa estructura.
En el escrito presentado al juez, Martínez reconstruye el origen de su relación con Zapatero y afirma que, aunque el expresidente no figuraba formalmente como socio ni como administrador de Análisis Relevante, era quien lideraba y decidía la estrategia y la captación de clientes. Según él, fue Zapatero quien captó a Plus Ultra “por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales”, y dirigió la estrategia para buscar financiación privada antes de intentar acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI.
El juez Calama acordó citar a Julio Martínez Martínez como investigado al considerar indicios de que habría actuado como “receptor y ejecutor” de las instrucciones de Zapatero dentro de la presunta trama que rodea la concesión del rescate. En el registro practicado en su domicilio en diciembre, la unidad de lucha contra la corrupción (UDEF) encontró cerca de 300 000 euros en efectivo y un contrato que contemplaba el cobro de una comisión del 1 % del rescate de Plus Ultra.
Según fuentes consultadas, la Audiencia Nacional no prevé nuevas declaraciones de Martínez hasta el mes de septiembre, cuando continuará la fase de instrucción del caso.
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