Julito Martínez, ¿el Aldama de Zapatero?
En su obra Todos los hombres de Sánchez (Ed. Deusto), la historiadora Ketty Garat plantea que el exministro de Sanidad José Manuel Ábalos no cayó en desgracia por escándalos sexuales, sino por la colisión entre dos redes corruptas que disputaban el control de los sobornos vinculados a la gestión de la pandemia. Según la investigación de la Unidad de Cuestiones Operativas (UCO), el grupo encabezado por Víctor de Aldama, al que se describía como el “nexo corruptor”, chocó con una facción que contaba con el respaldo de la Moncloa y cuyo principal referente sería el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El caso de las mascarillas y la ampliación del entramado corrupto
En el proceso de adquisición de mascarillas, Ábalos habría sido el responsable de habilitar los negocios, mientras que Alejandro Luzón, testigo ante el Tribunal Supremo, describió a Koldo García como el intermediario cuyo patrimonio se entrelazó con el del exministro. Víctor de Aldama, por su parte, habría actuado como empresario que gestionaba los contratos y pagaba las comisiones. A partir de ese esquema, la investigación habría identificado otras irregularidades, entre ellas la adjudicación de contratos a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la asignación de obras judiciales a determinadas constructoras y la supuesta canalización de parte de los sobornos hacia la financiación del PSOE.
Dentro de este entramado se sitúa Julio Martínez Martínez, empresario de Elda (Alicante) especializado en la compra‑venta de terrenos y en la intermediación para grandes superficies. Martínez habría entablado relaciones con Javier de Paz, actual presidente de Movistar Plus, y con el expresidente Zapatero, con quien compartía afición por el atletismo. Según fuentes, Zapatero habría acompañado a Martínez en varias carreras y, en una ocasión, lo habría llevado a Venezuela, donde el empresario desarrollaba actividades de mediación internacional bajo la presidencia de Nicolás Maduro.
El nombre de Martínez apareció en los medios a raíz de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. La operación, que destinó 53 millones de euros de fondos públicos a una compañía con una flota reducida y una plantilla limitada, generó sospechas desde su inicio. La investigación reveló que dos empresas vinculadas a Martínez habrían recibido comisiones por la operación. Una de ellas, Análisis Relevante, pagó 460 000 euros a Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025, además de 200 000 euros a una empresa vinculada a sus hijas (Whatdefav) bajo el concepto de “marketing”.
Zapatero justificó los ingresos como pagos por servicios de asesoría, alegando desconocer la operación de Plus Ultra y afirmar que no realizó gestiones para su rescate. Sin embargo, el responsable de relaciones institucionales de Movistar Plus, Sergio Sánchez, redactó los informes para Análisis Relevante y percibió únicamente 18 000 euros, lo que plantea dudas sobre la procedencia del resto de los pagos recibidos por Zapatero y sus familiares.
La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), que investiga posibles delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, detuvo a Julio Martínez el 11 de diciembre de 2025. En el operativo se incautaron 300 000 euros en efectivo, varios dispositivos móviles y ordenadores, en los que se halló una cuenta en Miami con transferencias provenientes de Luxemburgo por más de 500 000 euros. Según reportes de prensa, dichos fondos no procederían de Plus Ultra, sino de otras operaciones sospechosas vinculadas a negocios en Venezuela.
Las investigaciones sugieren que, al igual que Aldama mantenía contactos directos con Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones de Venezuela, Martínez también habría establecido relaciones con la figura venezolana, lo que, según fuentes, “puede dar mucho juego”.
Zapatero ha negado cualquier implicación en actividades de blanqueo de capitales o en los negocios de Martínez en Venezuela. No obstante, la aparición de nuevas pistas y la ampliación del alcance de la investigación podrían confirmar la hipótesis de Garat, que plantea una red de corrupción más extensa que la inicialmente conocida entre Ábalos, Aldama y García.
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