Junts acuerda tumbar los dos decretos de vivienda y ahoga al Gobierno
Junts ha decidido volver a bloquear el gobierno en materia de vivienda, pero esta vez no sólo a Pedro Sánchez. En medio de una intensa movilización social tras el desahucio de la anciana Maricarmen Abascal, los posconvergentes, que poseen la clave para decidir el destino del macrodecreto que se somete a debate este viernes en el pleno del Congreso, han votado en contra y han pedido que el Gobierno retire el texto para elaborar uno nuevo.
La ejecutiva de Carles Puigdemont se reunió a las 21:00 del jueves y acordó solicitar la retirada del real decreto‑ley 26/2026, argumentando que, al tratarse de un real decreto‑ley, este entra en vigor en el momento de su publicación y no puede ser retirado de la circulación. El voto de Junts, junto al de PP y Vox, garantiza la mayoría necesaria para rechazar el proyecto en la Cámara baja. Una abstención habría sido suficiente para salvar el texto, pero la posición de Puigdemont fue clara: “no”. El Gobierno respondió una hora después indicando que no retirará los decretos y que la votación continuará.
Los argumentos de Junts contra los decretos de vivienda
En el comunicado emitido a las 22:18, la dirección nacional de Junts expuso cinco motivos principales para rechazar los dos decretos:
- Las medidas reducirían la oferta de alquiler, encarecerían los precios y dificultarían el acceso a la vivienda para las personas con menos recursos económicos, obligando a los inquilinos a competir por un número cada vez más reducido de pisos.
- No se frenan los fondos buitre, que podrían seguir comprando viviendas y promoviendo desahucios de personas vulnerables.
- La protección de los inquilinos más vulnerables no se garantiza adecuadamente, ya que no se asegura el pago por parte de la administración.
- Algunas disposiciones implican la expropiación por decreto de los ahorros acumulados por generaciones de familias.
- Gran parte de los pisos que salgan del mercado de alquiler para ponerse a la venta no serán accesibles para la clase media y trabajadora, mientras que los compradores de mayor renta dispondrán de más opciones.
Junts sostiene que, lejos de proteger el acceso a la vivienda, los decretos acabarán complicando aún más la búsqueda, el pago y la accesibilidad para la clase media y trabajadora.
La ejecutiva de Junts ha encargado al grupo parlamentario que solicite la retirada del real decreto‑ley 26/2026 y que exija al Gobierno la elaboración inmediata de un nuevo texto que aborde la grave situación habitacional. Además, ha pedido que, una vez finalizado el nuevo proyecto, se convoque un nuevo Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión al Congreso, condición sin la cual Junts no otorgará su voto favorable.
Sin embargo, la única vía para anular los decretos vigentes sería la convocatoria de un nuevo pleno y la aprobación de un decreto que los derogue, una opción que resulta inviable dadas las alianzas de la coalición de gobierno con PP y Vox, que mantienen su intención de votar contra Junts.
Junts, a primera hora del viernes, anunció que presentará una propuesta propia de decreto‑ley que sirva como punto de partida para una solución real y con amplio apoyo parlamentario, pero reiteró su exigencia de que el Gobierno retire los textos actuales.
Con la votación del viernes, los números son claros: el Gobierno cuenta con 172 votos a favor (PSOE 121, Sumar 26, ERC 7, Bildu 6, PNV 5, Podemos 4, una diputada de Compromís 1, BNG 1, CC 1) y 178 votos en contra (PP 137, Vox 33, Junts 7, Unión del Pueblo Navarro 1). En el segundo decreto, la derrota será mayor al sumarse también el voto negativo del PNV y CC.
El contexto de este pleno está marcado por la oleada de protestas desencadenada por el desahucio de Maricarmen Abascal, que ha provocado la ocupación de la Puerta del Sol y otras ciudades del país. Las imágenes de la anciana, de 87 años, sacada a la fuerza de su vivienda y trasladada en camilla al hospital, han avivado el debate sobre la crisis de la vivienda, convirtiendo la votación de este viernes en un momento decisivo para la política habitacional española.
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