La Audiencia Nacional investiga si la Guardia Civil recibió alertas previas sobre la avalancha masiva en Ceuta
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha requerido a la Guardia Civil que aclare si sus efectivos recibieron alguna alerta previa al episodio masivo de llegadas de migrantes en Ceuta, según ha revelado La Razón. La jueza de instrucción pretende determinar si “en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta” se recibió “alguna información en los días previos a los hechos que hubiera podido alertar sobre su posible ocurrencia”.
Pedidos de información a las fuerzas y al Instituto Armo
En la misma providencia, Tardón solicita a la Jefatura de Información del Instituto Armo que detalle exhaustivamente el “dispositivo desarrollado por los diferentes efectivos” desplegado en la ciudad autónoma tras la “entrada irregular masiva”. Además, la magistrada exige precisar “las operaciones de rescate de las personas localizadas en aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales conocidas, así como, en caso de fallecidos, la causa y la fecha de la muerte”, y aportar la identidad y los datos de localización de los supervivientes que se hubieran podido recabar.
La asociación Iustitia Europa, promotora de la denuncia que originó la apertura de diligencias previas, ha celebrado que la causa continúe su tramitación bajo la tutela judicial. Su presidente, Luis María Pardo, ha expresado su satisfacción porque la investigación avanza “en la dirección que señalamos desde el primer momento”, subrayando la importancia de que el Instituto Armo informe ahora “sobre el dispositivo desplegado, las víctimas y, sobre todo, sobre las alertas que pudieron recibirse antes de los hechos”.
Desde la entidad denunciante defienden firmemente que lo ocurrido constituye una “agresión concertada” que afecta directamente a la soberanía nacional y a la seguridad de España. En un comunicado oficial indican que los requerimientos de la jueza coinciden plenamente con “una de las líneas esenciales planteadas” en su escrito judicial, la cual busca “determinar qué información conocían previamente las autoridades, qué medios fueron desplegados y cómo se desarrolló la actuación operativa ante unos hechos que impactaron la frontera y la seguridad del país”.
La formación política ha calificado de “paradoja” que, mientras la Audiencia Nacional sigue practicando diligencias para determinar si España fue víctima de una “agresión concertada procedente de territorio marroquí”, algunos miembros de la Unión Europea, como Italia, hayan optado por imponer restricciones unilaterales que perjudican al Estado agredido. En este sentido, han manifestado tajantemente que “la respuesta europea no puede consistir en penalizar a España mientras la justicia investiga el origen, la planificación y las responsabilidades de unos hechos que afectan a la paz, la independencia y la seguridad del Estado”.
El juzgado también está a la espera de recibir un informe policial clave solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. La magistrada Tardón ordenó a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsos Documentales (UCRIF Central) redactar un informe pormenorizado sobre la “entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes del territorio marroquí” que se concentró los días 30 y 31 de julio. El objetivo de esta medida es determinar si existió “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal” y tratar de identificar a “quienes hubieran podido participar en tales acciones”.
La denuncia penal de Iustitia Europa sitúa el origen de la avalancha en “una estructura” con infraestructura estable y con “capacidad de movilización masiva”. El colectivo destaca especialmente la “difusión de convocatorias digitales con instrucciones precisas sobre horarios y puntos vulnerables de la frontera”, lo cual, según sus argumentos, evidencia la existencia de una logística coordinada y un claro reparto de tareas especializado en la “captación digital, logística de transporte y ejecución del cruce”.
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