La autoridad antiblanqueo que prepara el Gobierno podrá bloquear cuentas y suspender transacciones
El Gobierno ha incluido en el anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (artículo 63) la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI). Este nuevo organismo no solo recibirá información de bancos y empresas y analizará operaciones sospechosas, sino que también podrá adoptar medidas de carácter preventivo, como suspender transferencias, bloquear temporalmente cuentas bancarias o de criptoactivos y paralizar operaciones cuando exista indicio de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Facultades y plazos de la ANIFI
Según el texto consultado por El Independiente, la ANIFI podrá intervenir cuando estime que una transacción en curso, una cuenta o una relación comercial pueden estar vinculadas a actividades ilícitas, con el fin de preservar los fondos mientras finaliza su análisis. No se trata de poderes indefinidos, sino de medidas limitadas en el tiempo:
- Una operación podrá quedar suspendida como máximo diez días hábiles.
- El uso de una cuenta bancaria, de pago o de criptoactivos, así como una relación de negocios, podrá paralizarse durante un máximo de cinco días hábiles.
- Si resulta necesario prolongar la medida, deberá ser ratificada o prorrogada judicialmente a petición del Ministerio Fiscal.
- Cuando la sospecha provenga de una comunicación de un sujeto obligado (por ejemplo, una entidad financiera), la ANIFI deberá imponer la suspensión en un plazo no superior a tres días hábiles desde la recepción de la notificación.
- Si la sospecha surge del propio análisis de la autoridad, la orden de suspensión deberá dictarse “lo antes posible”.
De esta forma, una alerta generada por un banco no quedará simplemente archivada; la autoridad podrá usar el margen temporal para verificar el origen y destino de los fondos y, en caso de contar con elementos suficientes, trasladar el caso a las autoridades competentes.
Funciones adicionales y coordinación institucional
El artículo 64 del anteproyecto otorga a la ANIFI la capacidad de exigir a los sujetos obligados un seguimiento específico de las operaciones y actividades realizadas a través de una o varias cuentas, siempre que afecten a personas consideradas de alto riesgo de blanqueo, delitos precedentes o financiación del terrorismo. Los obligados deberán informar a la autoridad de los resultados obtenidos.
La medida supone una reconfiguración del panorama de la inteligencia financiera en España. Actualmente, el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) recibe las comunicaciones de operaciones sospechosas, elabora inteligencia financiera y la traslada a las autoridades competentes. Además, colabora en procedimientos de suspensión a petición de otras unidades de inteligencia financiera, habiendo recibido 179 solicitudes de suspensión en 2024 procedentes de UIF europeas.
Con la creación de la ANIFI, el Gobierno pretende aglutinar bajo una sola entidad independiente todas las funciones de inteligencia, supervisión, inspección y sanción. La nueva autoridad será también el interlocutor español ante la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA). Para poner en marcha la ANIFI se aprovechará la estructura y la experiencia acumulada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Por su parte, el Banco de España asumirá las funciones de autoridad de resolución ejecutiva respecto a las entidades de crédito, mientras que la CNMV ejercerá el mismo papel con las empresas de servicios de inversión.
El resto del anteproyecto amplía el perímetro de la prevención y adapta la normativa española al nuevo marco europeo. El texto sigue en fase de audiencia pública y necesita ser aprobado por el Parlamento, lo que requerirá el respaldo de una mayoría suficiente para su tramitación final.
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