La crisis de Ceuta agudiza el enfrentamiento de policías y guardias civiles con Marlaska: "Su comportamiento es vergonzoso"
La gestión de la crisis migratoria ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio ha profundizado la fricción entre el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los sindicatos policiales exigen explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, y cuestionan de forma abierta la actuación del Gobierno en relación con las alertas previas, el despliegue de efectivos y la forma en que se ha tratado a los agentes que elaboraron los informes judiciales.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha dado un paso más al solicitar al Grupo Parlamentario Popular que impulse la creación de una comisión de investigación sobre el denominado “asalto fronterizo” de Ceuta. El sindicato pide que se aclare qué información recibió la administración antes del estallido, qué medidas se adoptaron y por qué los agentes desplegados tuvieron que operar en condiciones que la CEP califica de “indignas”.
Solicitud de Comisión Parlamentaria
Según la CEP, el Ministerio del Interior intentó minimizar la relevancia de los avisos policiales previos. En concreto, critica la explicación difundida el 2 de septiembre, según la cual el aviso emitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el 29 de julio sería una “alerta de riesgo frecuente” y no indicaría la posibilidad de una entrada masiva al día siguiente.
El sindicato contrapone esa versión con el contenido del auto judicial presentado esta semana, en el que se recoge expresamente una previsión de “riesgo extremo” ante posibles entradas coordinadas. La CEP considera que esa contradicción debe aclararse en el ámbito parlamentario.
La cronología de avisos es uno de los puntos que la comisión debería examinar:
- 27 de julio: la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta remite una comunicación sobre la amenaza de entradas masivas.
- 29 julio: el CENIF emite una alerta de riesgo.
- 30‑31 de julio: se suceden nuevas advertencias sobre el riesgo de colapso fronterizo.
La CEP quiere saber quién recibió esas comunicaciones, hasta qué nivel llegaron dentro de la estructura del Ministerio y qué decisiones se tomaron antes de que la frontera quedara desbordada.
Acusaciones contra el Ministerio
El conflicto no se limita al contenido del informe del CENIF. La CEP acusa directamente al Ministerio de haber puesto en duda el trabajo de los policías que elaboraron el documento a requerimiento judicial, al cuestionar su alcance, la unidad que lo redactó y las fuentes utilizadas. Para la Confederación, “intentar desacreditarlos cuando cumplen esa obligación constituye una maniobra indecente para proteger al ministro y desviar la atención”. Además, exige la dimisión de Grande‑Marlaska.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha sumado su voz al reclamo, exigiendo explicaciones sobre las informaciones que indican que varios mandos policiales se habrían negado a firmar un informe que negaba la existencia de avisos previos y exculpaba a Marruecos. El SUP insiste en que, de confirmarse estos hechos, serían de “extrema gravedad”. El sindicato quiere saber quién encargó ese documento, quién estableció sus conclusiones, por qué algunos mandos se negaron a firmarlo y cuál fue la versión final que llegó al Ministerio.
El SUP resume su posición con la frase: “Que dejen a los policías hacer su trabajo”. Considera inadmisible que los agentes, necesarios para contener la crisis, sean desacreditados cuando sus informes resultan incómodos y luego se les exija avalar una versión única de los hechos.
Condiciones de despliegue y supuesto dossier mediático
La CEP también ha denunciado que muchos de los agentes trasladados desde la península fueron alojados en instalaciones deficientes: colchones deteriorados, duchas en mal estado, ventilación insuficiente y, en algunos casos, decenas de policías compartiendo un único baño. La organización califica esas condiciones de “maltrato institucional vergonzoso”.
En las últimas horas ha surgido otro elemento que ha generado malestar entre las fuentes policiales consultadas por El Independiente: la supuesta elaboración, en la Oficina de Comunicación del Interior, de un dossier que clasificaría a los periodistas según su ideología o afinidad con el Gobierno, según informó El Confidencial. Las fuentes describen la medida como “demencial”, “brutal” y “horrorosa”, y critican el uso de recursos públicos para ese fin, calificando el comportamiento de Marlaska de “vergonzoso”.
Preparación para una nueva posible entrada masiva
El SUP ya mira al futuro. Este lunes reclamó evaluar si España está preparada para responder a una nueva entrada masiva como la del 30 de julio. El sindicato advierte que, sin más efectivos, información preventiva, capacidad de reacción inmediata, protocolos específicos y medios adecuados, un episodio similar podría volver a generar una situación crítica.
“Una frontera no es solo una cuestión migratoria”, afirma el sindicato. Para los cuerpos de seguridad, la crisis de Ceuta ha demostrado que una entrada masiva puede convertirse rápidamente en un problema de seguridad de primer nivel.
Mientras la Audiencia Nacional investiga las circunstancias y posibles responsabilidades del episodio, los sindicatos reclaman que también se esclarezcan las responsabilidades políticas y operativas. El Ministerio del Interior se encuentra bajo presión simultánea por el cuestionamiento de sus explicaciones sobre las alertas previas, las críticas al despliegue policial y la creciente contestación interna respecto al trato dado a los informes elaborados por sus propios especialistas.
Mira tambien:
Deja una respuesta