La directora de la Guardia Civil admite que ellos no organizan las vacaciones de la UCO y desmonta la coartada de la reunión para "ponerse de perfil"
Las reuniones celebradas en julio de 2024 entre la cúpula de la Guardia Civil y los máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) siguen ocupando un lugar central en la instrucción del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Según los mandos de la unidad y los documentos incorporados al procedimiento, en esas sesiones se solicitó a los investigadores que no fueran “proactivos” y que “se pusieran de perfil” en la investigación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez‑Castejón.
En un primer momento se argumentó que dichos encuentros respondían a cuestiones meramente organizativas, como la planificación de las vacaciones y la distribución de efectivos durante el verano. Esa versión ha sido cuestionada por la propia directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien, en su comparecencia ante la Audiencia Nacional, negó que la Dirección General intervenía en la organización de los turnos de vacaciones de la UCO, afirmando de forma tajante: “No, por supuesto que no”.
Desarrollo de los hechos
Los actos se produjeron los días 12 y 16 de julio de 2024 y contaron con la presencia del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos; del Director de la Unidad Operativa (DAO), teniente general Manuel Llamas; y de mandos de la Jefatura de Policía Judicial y de la propia UCO. Según las declaraciones juradas incorporadas al expediente, ambas reuniones coincidieron con la elaboración de un informe de la UCO para el Juzgado de Instrucción nº 3 de Bajoz, que investigaba a David Sánchez Pérez‑Castejón.
En la reunión del 12 de julio, Leonardo Marcos habría reprochado a los investigadores que la solicitud judicial para interceptar correos electrónicos era “totalmente prospectiva y malintencionada” y habría sugerido que la credibilidad tanto de la Guardia Civil como de la UCO estaba “por los suelos”. Asimismo, el director general habría fijado como fecha límite el 19 de julio para concluir el análisis, exigiendo que el resultado fuera “no había nada”. Cuando los investigadores señalaron la imposibilidad material de cumplir ese plazo, la respuesta habría sido que, de ser necesario, “había que dejar a personal de la UCO sin vacaciones”.
Cuatro días después, el 16 de julio, Manuel Llamas se trasladó a las dependencias de la UCO para mantener otro encuentro con el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN). Según el jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Alfonso López Malo, en esa ocasión el DAO transmitió a los investigadores la consigna de que, en los procedimientos de especial repercusión política, la unidad debía “ponerse de perfil” y limitar su actuación a las órdenes expresas de la autoridad judicial, evitando cualquier iniciativa propia.
Los testimonios de varios altos mandos de la UCO, recogidos bajo juramento, pintan un panorama diferente al de una mera gestión de recursos humanos. Los investigadores describen una presión directa para acelerar los trabajos periciales y, en caso de ser imposible, aceptar la suspensión de sus vacaciones como consecuencia de la directiva superior.
La postura de Mercedes González agrava la contradicción con la argumentación de Manuel Llamas, quien había defendido que las reuniones eran simples encuentros de gestión interna. La Dirección General, según la propia directora, se ocupa de la dirección estratégica y la representación institucional, sin inmiscuirse en la asignación diaria de turnos o la planificación de vacaciones de los investigadores de la UCO.
La expresión “ponerse de perfil” y la imposición de plazos irrealmente ajustados forman ahora parte de los elementos que el magistrado instructor evalúa para determinar si existió una estrategia dirigida a condicionar la actuación de la unidad encargada de investigar los procedimientos judiciales más sensibles para el Gobierno.
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