La factura del dogma antinuclear

Según los últimos datos, en España casi ocho millones de personas –equivalentes al 16 % de la población– pasan el invierno sin poder encender la calefacción. En 2019 esa cifra ya superaba los siete millones y, desde entonces, cuatro millones y medio de hogares hacen malabares para evitar el corte del suministro eléctrico o de gas. La mayoría de estas viviendas son pisos construidos antes de 1980, con aislantes deficientes, huecos en la fachada y carpinterías de aluminio que provocan importantes pérdidas de calor.

Impacto de la transición ecológica en los hogares vulnerables

La política de transición ecológica, aunque anunciada como una solución sostenible, ha generado un desequilibrio entre quienes pueden beneficiarse de ayudas y quienes siguen pagando el precio completo. Las familias que disponen de una vivienda propia pueden instalar paneles solares subvencionados y adquirir vehículos eléctricos con incentivos públicos. En cambio, los inquilinos de pisos antiguos sin ascensor afrontan el coste íntegro del kilovatio‑hora, más recargos, peajes e impuestos medioambientales. Un 84 % de los hogares con rentas bajas declara que les resulta imposible financiar una reforma térmica mínima, lo que los obliga a elegir entre calentar la vivienda o mantener la cesta de la compra.

Esta brecha no es un fenómeno nuevo. En 1984 el gobierno de Felipe González decretó una moratoria nuclear para responder a la presión social de la época. Como compensación a las empresas eléctricas por la paralización de las plantas de Lemóniz y Valdecaballeros, se impuso a los consumidores un recargo fijo en la factura de la luz que se mantuvo durante diecinueve años, hasta finales de 2015. El coste total de esa indemnización ascendió a 5.717 millones de euros, pagados por dos generaciones de españoles, mientras la planta de Lemóniz nunca llegó a producir energía.

Un ejemplo comparable se observa en Alemania, donde la decisión de abandonar la energía nuclear aumentó la dependencia del carbón, generando la electricidad más cara y contaminante del continente. En ambos casos, la falta de consideración de la física y la economía en la toma de decisiones ha derivado en mayores costes para la ciudadanía.

En la actualidad, el programa de cierre de las centrales nucleares existentes, como la de Almaraz, se ha pospuesto hasta 2030 para evitar un posible apagón y reducir el impacto político en un contexto electoral. La ausencia de un plan técnico riguroso ha convertido la gestión energética en una cuestión de consignas ideológicas más que de cálculo real.

Principales consecuencias para la población

• Incremento de la factura eléctrica para los hogares con menores ingresos.
• Imposibilidad de realizar mejoras de eficiencia energética en viviendas antiguas.
• Mayor vulnerabilidad frente a los cortes de suministro en invierno.
• Desigualdad en el acceso a los beneficios de la transición ecológica.

En los despachos ministeriales el confort térmico está garantizado, mientras que los ciudadanos siguen soportando el peso de las decisiones que no contemplan la realidad económica de la mayoría. La brecha entre la retórica ecológica y la capacidad de pago de la población vulnera el principio de justicia social que debería guiar cualquier política energética.