La fuerte demanda de profesionales de asuntos públicos eleva las retribuciones y sitúa un tercio del sector por encima de los 80.000 euros anuales
La creciente demanda de profesionales de los asuntos públicos está impulsando al alza las retribuciones en España. Según el informe Asuntos Públicos y Lobby. Radiografía de la profesión en España 2025, elaborado por el Observatorio de Asuntos Públicos de la Universidad de Navarra y la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), casi un tercio de quienes se dedican a esta actividad percibe más de 80.000 euros brutos anuales.
El estudio se basa en una encuesta realizada a 331 profesionales entre septiembre y octubre de 2025, y ofrece la visión más completa hasta la fecha de un colectivo que se ha consolidado como función estratégica en empresas, asociaciones e instituciones. La radiografía muestra un sector altamente cualificado: el 99 % de los encuestados posee estudios universitarios y el 90 % ha cursado algún programa de posgrado, destacándose Ciencias Políticas (27 %) y Derecho (26 %) como las titulaciones más frecuentes.
En cuanto a la distribución del empleo, el 64 % de los profesionales trabaja en departamentos internos de asuntos públicos de empresas o asociaciones, mientras que el 36 % lo hace en consultoras o como autónomos. La actividad se concentra en sectores altamente regulados, como Salud (22 %), Energía (15 %), Finanzas (8 %) y Alimentación (8 %).
Formación y perspectivas del sector
El 78 % de los encuestados considera importante o muy importante contar con una regulación estatal específica, y el 96 % prevé que la relevancia de la profesión aumentará o se mantendrá en los próximos años, lo que anticipa una presión sostenida sobre la demanda de perfiles especializados.
En este contexto de escasez de talento cualificado, Esteban González Guitart, fundador, director general y profesor del AP Institute de la Universidad Nebrija —el primer y único instituto universitario de formación superior en asuntos públicos y gobierno en España—, subrayó la fortaleza de la demanda de perfiles formados.
«Las empresas y las consultoras están requiriendo de forma continua los perfiles de nuestros alumnos. Nuestros másteres ya están en su segunda edición y, en muchos casos, con lista de espera», afirmó González Guitart, quien vinculó esta tracción al ensanchamiento de un mercado que necesita profesionales preparados para responder a la creciente complejidad regulatoria.
El primer informe del Instituto Coordenas para la Gobernanza y la Economía Aplicada (ICGEA) sobre profesionales y firmas de asuntos públicos en España califica de “muy positiva” la evolución del sector en la última década, tanto en su base profesional como en los servicios de consultoría. Según el instituto, la economía española está preparada para duplicar el sector sin problemas y cubrir la brecha con los principales países europeos en 2030, estimando unos 5.000 profesionales y 200 millones de euros de facturación anual de las firmas especializadas.
Sin embargo, el análisis del ICGEA señala que España presenta un déficit de tecnología aplicada al sector y de programas educativos relacionados con los asuntos públicos, en comparación con Reino Unido y Estados Unidos, lo que podría frenar el crecimiento si no se corrige.
El estudio de la Universidad de Navarra y APRI propone cinco líneas de actuación prioritarias para consolidar el sector: fomentar el talento y la formación especializada, impulsar la autorregulación, avanzar en la digitalización, fortalecer la narrativa pública sobre la función social de los asuntos públicos y promover la colaboración entre academia, empresas y administraciones.
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