La hemeroteca retrata a Marlaska: como juez del 'caso Faisán' ordenó a los policías no informar a sus superiores
En 2006, mientras ejercía como magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande‑Marlaska ordenó una investigación sobre el llamado “chivatazo” que permitió a la célula de extorsión de ETA instalada en el bar Faisán, en Irún, evadir una operación policial. Ante la sospecha de que la filtración provenía de dentro de la propia Policía, el magistrado instruyó por escrito al equipo de investigación a no remitir la información a sus superiores.
Según la directiva de Marlaska, los agentes debían informar “directamente” al juzgado del avance de las pesquisas y abstenerse de comunicarla a la cadena de mando. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, que cubría la excedencia del juez Baltasar Garzón, pretendía controlar la investigación y, en ese sentido, solicitó a la Guardia Civil que investigara el origen de la filtración, con el objetivo de evitar que la información circulase entre los altos mandos y comprometiere la investigación.
Paralelismo entre el caso Faisán y la investigación de Ceuta
Esta semana, como titular del Ministerio del Interior, Marlaska ha vuelto a intervenir en una cuestión de reserva informativa, esta vez relacionada con el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El ministro remitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una carta dirigida a su presidenta, Isabel Perelló, en la que manifestaba su preocupación por la orden de la magistrada María Tardón, encargada de la investigación en la Audiencia Nacional, que había exigido a los agentes del CENIF mantener la reserva y no informar a sus superiores.
Grande‑Marlaska argumentó que, ante la “evidente gravedad” de la crisis en Ceuta, debería garantizarse al Gobierno el acceso a la información necesaria para tomar decisiones, sin que ello suponga una vulneración de la independencia judicial. La postura del ministro contrasta con la que adoptó hace más de una década, cuando como juez ordenó que la información sobre el caso Faisán circulase exclusivamente entre él y los agentes investigados.
Aunque ambas situaciones comparten el elemento de una orden judicial de reserva, los contextos difieren. En el caso Faisán se investigaba una posible filtración policial y un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que limitar la difusión interna era esencial para proteger la investigación. En la investigación de Ceuta, por su parte, el objetivo es determinar las circunstancias de la entrada masiva de migrantes, sin que exista una sospecha de filtración interna.
La Audiencia Nacional, a través de su Sala de Gobierno, ha respaldado el principio de “rigurosa reserva” defendido por la magistrada Tardón. La Sala citó el Real Decreto 769/1987, que regula la Policía Judicial, señalando que los agentes dependen funcionalmente del juez que dirige el procedimiento y están obligados a guardar reserva sobre la información obtenida. En el caso de Ceuta, la autoridad competente corresponde a la propia Tardón, quien asumió las pesquisas al estar de guardia cuando la asociación Justicia Europa presentó su querella.
El artículo 15 del mismo decreto impone a los funcionarios de Policía Judicial la obligación de mantener “rigurosa reserva” sobre la evolución y los resultados de las investigaciones que les son encomendadas, así como sobre cualquier información derivada de ellas. La Sala de Gobierno rechazó la acusación de que la actuación de Tardón pudiera constituir una interferencia con la seguridad nacional, afirmando que su conducta responde a la “preservación y defensa del interés general de España”.
En 2020, Marlaska se vio nuevamente involucrado en una controversia similar, esta vez como ministro del Interior, tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid. Pérez había negado a sus superiores la transmisión de información relativa a unas diligencias de la Guardia Civil ordenadas por la jueza Carmen Rodríguez‑Medel en la investigación del 8‑M, alegando que hacerlo podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Ministerio de Interior, sin embargo, lo apartó de su puesto por “pérdida de confianza”.
El caso Faisán concluyó con la condena de los agentes involucrados. En 2013, la Audiencia Nacional declaró culpables al comisario Enrique Pamies y al inspector jefe José María Ballesteros por descubrimiento y revelación de secretos, imponiéndoles un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación. La sentencia quedó firme y, en 2018, el Ministerio del Interior les retiró la condición de funcionarios del entonces Cuerpo Nacional de Policía.
Mira tambien:
Deja una respuesta