La jueza cierra la instruccion del 'caso Azud' con 38 imputados y ve financiación ilegal del PSOE de Valencia
El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha concluido la fase de instrucción del llamado “caso Azud”, una causa que se abrió en 2016 y que ya se prepara para la fase de juicio oral. La investigación abarca a 38 personas, entre ellas varios cargos del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y miembros del entorno del Partido Popular (PP) vinculados a la exalcaldesa Rita Barberá.
Según la jueza que dirigió la instrucción, la trama habría consistido en el pago de comisiones ilícitas destinadas a financiar la campaña electoral del PSOE valenciano en 2007. El importe estimado de esta presunta financiación ilegal supera los 480.000 euros.
Detalles de la trama investigada
El origen del caso se sitúa en una investigación de la Agencia Tributaria sobre el despacho de José María Corbín, antiguo cuñado de Rita Barberá. A partir de ese momento, la pesquisa se amplió a otros municipios, como Xixona, y reveló supuestos pagos de comisiones entre empresarios y cargos públicos. Corbín y sus tres hijas forman parte de los procesados por su presunta implicación en la adjudicación irregular de contratos en Valencia.
Entre los investigados se encuentran también el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), y dos de sus hijas, así como el exconsejero socialista del Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio Martínez, y el exsubdelegado del Gobierno en la época de Zapatero, José Luis Vera Llorens.
La jueza describe una supuesta red de corrupción urbana e hídrica en la que el empresario Jaime Febrer, del Grupo Axis, habría recibido a cambio de favorecer sus intereses un “peaje” que se destinaría a la campaña del PSOE en 2007. Para ello, se habrían utilizado empresas interpuestas que pagaron más de 484.000 euros a cinco proveedores vinculados a la campaña. Parte de ese dinero, según la instrucción, habría sido destinado a financiar propaganda del partido Unión Valenciana con el objetivo de restar votos al PP.
En el caso de Febrer, la investigación señala que contrató al abogado José Luis Vera, vinculado al PSPV, para que actuara como intermediario. Vera, a su vez, habría buscado el apoyo del director de relaciones institucionales de la empresa pública Acuamed, Joan Navarro Martínez, con el fin de facilitar un acuerdo con el Ayuntamiento de Xixona que permitiera el acceso al agua para la promoción inmobiliaria “El Espartal”.
El presunto beneficio institucional consistiría en la autorización de un suministro hídrico necesario para la promoción, a cambio de un pago estimado en 1,44 millones de euros a través de comisiones cobradas por Febrer. La vía de pago habría incluido contratos simulados y la creación de una empresa instrumental para dar apariencia de legalidad.
Rafael Rubio Martínez aparece destacado en la documentación incautada, donde se le atribuyen pagos entre 300.000 y 700.000 euros con las anotaciones “R” y “RR”. Además, la investigación indica que recibió regalos de forma sistemática, como cajas de vino y champagne francés, y que él y su esposa realizaron 77 ingresos en efectivo que suman 197.256 euros entre 2007 y 2013, con el fin de ocultar el origen del dinero.
Por su parte, Joan Navarro Martínez, exdirector de relaciones institucionales de Acuamed, está acusado de coordinar la firma de un convenio entre la empresa pública y el Ayuntamiento de Xixona que habría permitido la solución hídrica sin seguir los trámites habituales, los informes de intervención ni las consultas a los regantes locales. La jueza no ha encontrado indicios de que haya recibido retribución económica por dicha actuación.
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