La Ley Bolaños deja a Pedraz sin cinco funcionarios en plena investigación del 'caso cloacas'
El Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Santiago Pedraz, ha perdido de forma repentina a cinco funcionarios en el inicio del nuevo curso judicial, consecuencia del proceso de acoplamiento de plazas impulsado por la Ley de Eficiencia, según ha informado El Independiente.
El propio tribunal ha comunicado que los puestos vacantes serán cubiertos en aproximadamente un mes por empleados procedentes de otros destinos. No obstante, los nuevos funcionarios desconocen la estructura y los expedientes que se tramitan en la Audiencia Nacional, por lo que su incorporación no solucionará de inmediato la merma de plantilla y requerirá un periodo de adaptación.
Impacto en la actividad judicial
Los expedientes que llegan a los juzgados centrales pueden acumular años de investigación, miles de documentos y numerosas resoluciones. El relevo de los funcionarios que han trabajado en ellos supone una pérdida de conocimiento acumulado y del ritmo de trabajo. Por esa razón, fuentes cercanas al tribunal han indicado que, mientras se cubren las vacantes, se priorizarán los asuntos urgentes y las actuaciones ya señaladas.
En este contexto, el llamado “caso Leire‑cloacas” retoma su actividad este miércoles en la Audiencia Nacional con las declaraciones de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y del abogado Ismael Oliver. El jueves, el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el fiscal jefe de Bajoz, José Luis Alonso, también comparecerán.
Los juzgados centrales habían alertado ya en febrero sobre el riesgo de colapso por la falta de personal. En aquel momento, los magistrados Francisco de Jorge, Santiago Pedraz y Antonio Piña informaron a las partes, mediante providencias, de la dificultad de tramitar los procedimientos y de los posibles retrasos. Pedraz explicó entonces que la falta de funcionarios era consecuencia de la consolidación de plazas bajo la Ley de Eficiencia, promovida por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y que su juzgado enfrentaba el cese de siete empleados, con un vacío de unos 45 días antes de la cobertura.
Desde entonces, la situación no se ha resuelto y el Juzgado nº 5 vuelve a perder cinco funcionarios. El titular del tribunal señaló que el órgano está “sobrecargado” y que la escasez de personal imposibilita asignar expedientes sin generar demoras. Situaciones similares se han comunicado en los juzgados de los magistrados Antonio Piña (cese de seis funcionarios) y Francisco de Jorge (pérdida de cuatro empleados).
El Ministerio de Justicia, en el balance presentado en julio sobre el primer año de la reforma que ha denominado la mayor reorganización de la Justicia española en décadas, defendió que la Ley de Eficiencia permite una mejor distribución de recursos y equilibrar la carga de trabajo. Félix Bolaños resumió el informe con la frase: “Hay más juicios, más jueces y menos litigios”. Asimismo, aseguró que no se han producido las “predicciones apocalípticas” que acompañaron a la reforma y que la implantación se completó dentro del plazo previsto, sin generar suspensiones ni demoras generalizadas, según también destacó el CGPJ en un informe de marzo.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) contextualiza el problema dentro de un fenómeno más amplio. Según la asociación, la transición de funcionarios experimentados a nuevos empleados sin periodos de solapamiento se repite en varios tribunales cuando se lleva a cabo la estabilización de plazas o concursos de traslados. Esta falta de continuidad provoca una “parálisis indeseable del trabajo en los Tribunales”. La AJFV propone evitar ceses simultáneos y establecer períodos de solapamiento en los que el funcionario saliente colabore con su sustituto, garantizando así una transferencia eficaz del conocimiento.
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