La lucha por demostrar que los documentos "perdidos" del Sáhara están en Madrid: "Han desaparecido o los han hecho desaparecer"
El Congreso ha aprobado la Ley de Nacionalidad Saharaui, un paso histórico que beneficia a las miles de personas que fueron abandonadas a su suerte cuando España se retiró del Sáhara Occidental hace medio siglo. Mientras se espera su ratificación en el Senado, se abre un periodo de solicitud de carnés de identidad, partidas de nacimiento y demás documentos que acrediten el nacimiento en el territorio bajo la administración española. Sin embargo, la obtención de esas pruebas resulta extremadamente complicada.
Muchos de los documentos que los saharauis necesitan para solicitar la nacionalidad ya no están en poder de sus titulares. Algunos se perdieron durante la huida a través del desierto, otros fueron destruidos para evitar represalias de la ocupación marroquí. Esta ausencia de papeles dificulta enormemente la acreditación de la condición de español.
Los archivos perdidos y su impacto
El juez Fernando Bermúdez de la Fuente evacuó los registros civiles de todo el Sáhara Español y los entregó a la Dirección General de Promoción del Sáhara en Madrid el 15 de diciembre de 1975. Así lo confirmó la magistrada Pilar Barro Liesa, quien, como parte de su tesis doctoral, tuvo acceso al inventario de los documentos enviados a España.
Ese inventario demuestra que los libros de registro civil de El Aaiún y Villa Cisneros (actual Dajla) fueron enviados, pero hoy esos archivos han desaparecido del Archivo General de la Administración. Barro dispone de la certificación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que acredita la copia del inventario, la fecha de envío y el destinatario, pero al intentar consultar los archivos años después resultó imposible localizarlos.
En aquella época, además de enviarse los libros físicos, se realizaron microfilmaciones de los archivos civiles, guardados en rollos de película o microfichas. Estas copias tampoco aparecen en los catálogos actuales.
Solo se conservan "unos cuantos libros" como documentos históricos en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. A dichos libros no se les otorga valor registral porque, según la propia administración, no cumplen con las garantías exigidas por la legislación española. Barro rechaza esta postura, argumentando que las inscripciones de nacimiento realizadas en Las Palmas, El Aaiún o Chamberí durante ese periodo cumplían los mismos requisitos.
Según la magistrada, "España los ha perdido o los ha hecho perder". Como evidencia, señala que los libros que el juez Bermúdez de la Fuente envió a Las Palmas —como los de los juzgados de El Aaiún o de la magistratura de trabajo— sí se conservan.
La pérdida de estos archivos civiles constituye la única prueba documental de nacimiento en el Sáhara Español para muchas personas que podrían obtener la nacionalidad española cuando la ley entre en vigor.
El exilio saharaui explica gran parte de esta pérdida documental. Tras la marcha de España en febrero de 1976, la población saharaui intentó permanecer en los territorios ocupados por Marruecos, pero la escalada de violencia, con el uso de fósforo blanco y napalm por parte del ejército marroquí, provocó un éxodo masivo. Una causa abierta en la Audiencia Nacional, considerada por el magistrado Pablo Ruz en 2015 como constitutiva de delito de genocidio, confirma la magnitud de los hechos.
En medio del caos, muchos saharauis no pudieron conservar sus documentos; la prioridad era salvar la vida. Las mujeres, que llevaron a sus hijos a los campos de refugiados en Argelia (Tinduf), dejaron atrás gran parte de su documentación. Con el paso del tiempo, la sensación de abandono se intensificó y, según Barro, muchos refugiados se deshicieron de los papeles que acreditaban su condición española.
Los saharauis que permanecieron en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí también vieron destruida su documentación. Testimonios recogidos por la magistrada indican que las fuerzas marroquíes destruyeron los documentos civiles. Además, el régimen marroquí "marroquinizó" los nombres y fechas de nacimiento, registrando a gran parte de la población con la fecha genérica del 1 de enero.
El tráfico de documentos también ha sido un problema: además de privar a los saharauis de sus papeles españoles, se han registrado casos de marroquíes que se hicieron pasar por población autóctona utilizando dichos documentos.
La nueva Ley de Nacionalidad Saharaui permitirá que todas las personas nacidas bajo la administración española hasta el 11 de agosto de 1977 soliciten la ciudadanía. Esa fecha corresponde al límite fijado por la autoridad española en 1976 para presentar la solicitud tras la retirada del territorio en febrero de ese año. La publicación de este plazo en el BOE pasó desapercibida para la mayoría de los saharauis, que vivían en medio de la guerra.
Sin embargo, dado que la evacuación de los registros se realizó en diciembre de 1975, no existió autoridad administrativa española que pudiera certificar nacimientos posteriores a esa fecha. Barro recuerda que, durante la colonia, los saharauis fueron tratados como ciudadanos españoles: podían ser funcionarios públicos, tenían derecho a familia numerosa, pasaportes y el mismo trato que cualquier otro ciudadano del territorio nacional. Incluso Carrero Blanco llegó a afirmar que eran tan españoles como los de la provincia de Cuenca.
Por ello, la magistrada considera que quienes poseían la nacionalidad durante la época colonial deberían recuperarla, aunque la falta de documentos haga la tarea ardua. Recuperar los registros civiles enviados por el juez Bermúdez de la Fuente a Madrid resulta esencial, ya que esas inscripciones representaban la garantía de que un saharaui era español.
El Defensor del Pueblo también ha intervenido en este asunto, solicitando explicaciones a la administración y reclamando la puesta a disposición de los libros de registro civil que contienen las inscripciones de nacimiento de los saharauis.
Mira tambien:
Deja una respuesta