La "metedura de pata" de Robles con las cuarentenas incomoda al Gobierno
El Gobierno se prepara para la llegada del crucero MV Hondius, que arribará a la costa canaria en la madrugada del domingo. El buque, de bandera neerlandesa, transporta a 151 personas de 23 nacionalidades diferentes, entre ellas 14 ciudadanos españoles que han sido diagnosticados con hantavirus. La prioridad de la administración central es garantizar un desembarco sin incidentes y repatriar a los pasajeros cumpliendo con todas las garantías sanitarias.
Tras la primera fase de la gestión, en la que se logró un acuerdo con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y se evitó el choque con la autoridad autonómica, el Ejecutivo ha definido el proceso de cuarentena para los españoles. La ministra de Sanidad, Margarita Robles, anunció inicialmente que el aislamiento sería “voluntario”, pero aclaró que, de no contar con el consentimiento informado, el Estado dispondrá de los mecanismos legales necesarios para imponer la medida.
Marco legal y decisiones operativas
El Gobierno ha remitido a los medios un documento que recoge el “amplio marco normativo” que le permite imponer cuarentenas obligatorias:
- Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública.
- Ley 14/1986, General de Sanidad, que atribuye al Gobierno central la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior.
- Ley 33/2011, General de Salud Pública, que obliga a las administraciones a velar por la salud de la población y habilita la vigilancia sanitaria en la frontera.
Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, las autoridades sanitarias pueden “optar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con ellos y del medio ambiente inmediato”, siempre que existan razones sanitarias de urgencia o necesidad. La imposición de una cuarentena obligatoria está sujeta a la autorización o ratificación judicial, conforme al artículo 8.6 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso‑administrativa.
El plan operativo contempla el traslado de los 14 españoles al Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid, que cuenta con ocho unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN). La elección de este centro responde a su condición de titularidad estatal y a su capacidad para atender casos de hantavirus.
En cuanto al traslado del crucero, la defensa ha confirmado que la evacuación se realizará en avión militar desde el aeropuerto de Tenerife Sur hasta la base de Torrejón de Ardoz. El Hondius no atracará en el puerto de Granadilla de Abona; el buque simplemente fondeará a cierta distancia de la costa y los pasajeros serán embarcados en lanchas en grupos de máximo cinco personas, bajo condiciones de total seguridad.
Las declaraciones de los miembros del gabinete han sido coordinadas para evitar ambigüedades. Tras la aclaración de Robles, la ministra de Sanidad de Sumar, Mónica García, afirmó que el Gobierno dispone de “instrumentos legales suficientes” para imponer la cuarentena si fuera necesario, citando la Ley Orgánica 3/1986. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respaldó esa posición, subrayando que la salud pública tiene prioridad sobre la voluntad individual.
La oposición, encabezada por el Partido Popular, ha calificado la gestión de “caos absoluto” y ha acusado al Ejecutivo de falta de comunicación con el Gobierno canario y de contradicciones entre los distintos ministerios. En respuesta, la portavoz del PP, Ester Muñoz, señaló que la decisión de cuarentena debe quedar en manos de los técnicos y que la actuación del Gobierno central ha sido “irresponsable”.
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, también ha criticado la falta de información y la decisión de que los pasajeros debieran desembarcar en Tenerife en lugar de ser repatriados directamente desde Cabo Verde. El Ejecutivo central ha defendido su actuación, argumentando que la normativa internacional –en concreto el artículo 44 del Reglamento Sanitario Internacional– obliga a los Estados miembros a cooperar en la gestión de emergencias sanitarias transfronterizas.
En la rueda de prensa conjunta de la ministra de Sanidad y la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, se informó de que los pasajeros del crucero se encuentran “asintomáticos” y que, tras una videollamada con el equipo de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades, aunque expresan cierta inquietud por la cobertura mediática del caso.
El Gobierno asegura que la información ha sido constante y que todos los entes involucrados –Ministerio de Política Territorial, Ministerio del Interior y la propia OMS– han estado al tanto de los avances. La ministra de Sanidad ha reiterado que la medida de cuarentena se aplicará de forma proporcional y respetando los derechos fundamentales, con la supervisión judicial correspondiente.
En definitiva, la llegada del MV Hondius constituye una prueba de la capacidad del Estado para gestionar emergencias sanitarias internacionales. Si el proceso se desarrolla sin contratiempos, el Ejecutivo espera que la operación refuerce la imagen de eficacia del Gobierno y deje en evidencia la supuesta falta de argumentos sólidos de la oposición.
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