Las contradicciones entre Marlaska y Robles impiden a Sánchez atajar las dudas sobre la crisis de Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, se cruzó en directo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, a petición propia de la ministra. La discrepancia entre ambos obligó al Ejecutivo a enfrentar la imagen de descoordinación que se ha ido gestando desde el inicio de la crisis humanitaria y territorial en Ceuta, una crisis que ha requerido ocho comparecencias que se prolongarán este jueves, viernes y el próximo lunes 31 de julio.

Al iniciar su intervención, Robles afirmó con firmeza que los servicios de inteligencia “cumplieron con la labor que les correspondía” en materia de prevención y vigilancia. Sin embargo, su discurso se vio pronto empañado por las preguntas de Marlaska, quien sostuvo que no existía ningún informe previo ni posterior que justificara la actuación de dichos servicios.
Los interrogantes que la comisión exigió aclarar
Una de las grandes incógnitas que la ministra debía disipar ante la insistencia de partidos como el PP, que gobierna Ceuta a través de Juan Jesús Vivas, era si la crisis había sorprendido al Gobierno y si organismos como el CNI la habían detectado a tiempo. La contradicción entre los miembros del Ejecutivo minó cualquier intento de Robles de proyectar una imagen de dominio sobre la situación.
Robles señaló que, la víspera del 30 de julio, se recibieron comunicaciones que alertaban sobre un posible intento de entrada masiva antes de que se desmintiera la información. La ministra aclaró que no todas esas comunicaciones quedan registradas ni son necesariamente abiertas, pero admitió que la falta de datos concretos generó dudas sobre el momento exacto en que el interior del Gobierno tomó conocimiento de la inminente oleada.
Entre los interrogantes que quedaron sin respuesta se encuentran: qué se sabía antes del 30 de julio, qué información concreta se transmitió, a través de qué canales, a qué hora, cómo reaccionó el Ministerio del Interior y por qué esos datos no llegaron a la sede del gobierno en Ceuta. La ausencia de medidas de refuerzo fronterizo alimentó la indignación de partidos como el PP, Vox y UPN.
Las divergencias entre Robles y Marlaska dejan a los próximos portavoces del Gobierno en una situación delicada. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerán este jueves; el propio Marlaska lo hará el viernes, con la opción de mantener su versión o corregirla, lo que lo expondrá a un escrutinio aún mayor.
El ministro del Interior afirmó que, de haber contado con información previa, habría actuado como en la crisis de 2021, la más grave que se había registrado en Ceuta. Por el momento, la Delegación del Gobierno en la ciudad sigue sin confirmar si recibió avisos oficiales antes de los hechos.
Fuentes del Ejecutivo, que prefirieron mantenerse en el anonimato, intentan minimizar cualquier punto de fricción, asegurando que “todos hablamos de lo mismo”. Reconocen que el CNI informó de un aumento de menores que intentaban entrar, pero sostienen que las alertas estaban lejos de prever una llegada masiva de cerca de 80 000 personas. El verdadero reto, según dichas fuentes, es determinar con precisión qué información poseía el Gobierno en las horas previas a la oleada y si se adoptaron todas las medidas posibles.
Margarita Robles, por su parte, se anticipó a pedir disculpas a los vecinos de Ceuta por la gestión y el clima de inseguridad que se ha generado. Sin embargo, el Gobierno insiste en que desde el primer momento se han llevado a cabo los trabajos requeridos y que, a diferencia de otras crisis europeas como la italiana de 2023, la permanencia de migrantes en el territorio es prácticamente mínima. La mayoría de los retornos se habría producido por iniciativa propia de los migrantes, no por acción directa de la administración central.
La falta de cifras claras sigue siendo un problema para socios y la oposición. Grupos como EH Bildu solicitaron datos precisos, entre ellos el número de fallecidos en el paso marítimo de El Tarajal a finales de julio, y la cifra total de migrantes en el terreno. Desde la Casa del Rey se ha señalado que los números son “menores de los que anuncia el PP y el alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas”. Las estimaciones oficiales hablan de entre 5 000 y 10 000 migrantes, con alrededor de 2 900 menores y 2 500 solicitantes de asilo, aunque aún no se han publicado datos definitivos.
En cuanto a Marruecos, el Gobierno ha calificado al país vecino como un “socio fiable”. No obstante, Robles mencionó la posibilidad de una “guerra híbrida” que afecte la seguridad de España y la UE, aludiendo a los temores de que Rabat pueda estar involucrado en la presión migratoria o en la filtración de datos tras los hackeos de 2022 con el programa Pegasus. La ministra subrayó que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla es incuestionable.
Estas discrepancias alimentan la crítica del PP, que acusa al presidente Sánchez y a sus ministros de improvisación y falta de implicación. El partido sostiene que la única solución sería la dimisión del Gobierno, incluida la del propio presidente. Desde Moncloa, sin embargo, se argumenta que la complejidad de la crisis no permite una gestión diferente y que el retraso en la asunción del mando único, tres semanas y media después del inicio de los hechos, no altera la situación.
El coordinador del mando único, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, intentó aportar claridad el martes, asegurando que no existen retrasos, sino un refuerzo de la coordinación tras la instauración del mando. Señaló que el alcalde de Ceuta, Vivas, forma parte del equipo y que el objetivo final es la “devolución y repatriación” de los migrantes, incluidos menores, respetando siempre los cauces legales y evitando la “imprudencia” que, según él, atribuye a la oposición de Alberto Núñez Feijóo.
El último Consejo de Ministros aprobó un decreto‑ley que estableció el mando único, lo que provocó malestar en Ceuta al no contemplar expulsiones inmediatas ni la habilitación de espacios deportivos como alojamiento provisional. La medida generó protestas ciudadanas y la ocupación del hotel donde se alojaba el ministro en la ciudad.
Mientras tanto, Robles anunció la instalación de nuevas barreras físicas y balizas de señalización en el espigón de El Tarajal, y la colaboración con la Comisión Europea para aumentar la participación de la UE, a través de Frontex y otros mecanismos, en la defensa de la frontera. También se ha solicitado apoyo económico adicional para reforzar la contención.
El Gobierno planea seguir con comparecencias de alto nivel: el viernes seguirá la intervención de Marlaska, el viernes también comparecerá el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El lunes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acudirán al Congreso. Se espera que, en un futuro próximo, el propio presidente Sánchez comparezca ante la cámara, aunque aún no se ha fijado una fecha.
El próximo reto del Gobierno será la regularización y reparto de los migrantes que permanecen en Ceuta, en particular el caso de unas 500 niñas en situación de vulnerabilidad, cuyo retorno ha generado resistencia por parte de las comunidades del PP y Vox. La falta de consenso sobre este punto sigue generando incertidumbre en la gestión de la crisis.
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