Las otras víctimas de la dictadura: los saharauis reclaman su lugar en la recién creada Comisión de la Verdad de Baltasar Garzón
La recientemente constituida Comisión de la Verdad, creada para esclarecer los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, inicia su labor con una tarea pendiente: investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas en el Sáhara Occidental en ese mismo periodo. La demanda, firmada por más de cien asociaciones, sindicatos y partidos políticos, pide que se reconozca y repare a las víctimas saharauíes, que hasta ahora han quedado al margen de la memoria democrática española.
La solicitud proviene de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS‑Sáhara) y de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA). Ambas organizaciones se basan en el informe elaborado por el presidente de la AFAPREDESA, Abdeslam Aomar Lahsen, que documenta la represión sufrida por la población saharauí durante el franquismo y la etapa posterior.
Composición y mandato de la Comisión
El Ministerio de Memoria Democrática anunció a finales de marzo la creación de la Comisión de la Verdad y, dos meses después, el organismo se constituyó formalmente en la sede del mismo ministerio. Presidida por el exjuez Baltasar Garzón, la comisión está integrada por diez miembros “independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos”. Su objetivo es elaborar un informe con conclusiones y recomendaciones orientadas a la reparación de las víctimas y a garantizar la no repetición de los hechos.
Desde la CEAS‑Sáhara se valora positivamente la constitución de la comisión, al considerarla un avance importante para el reconocimiento de las víctimas saharauíes. Las organizaciones destacan la trayectoria de sus miembros, especialmente la experiencia de Garzón en investigaciones sobre crímenes de la dictadura argentina, como garantía de rigor y seriedad.
Los saharauíes no están incluidos oficialmente como víctimas de la dictadura en la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, las asociaciones que impulsan la petición argumentan que la comisión no está limitada al marco estrictamente legal, y que su mandato amplio permite abarcar todas las violaciones cometidas en territorio español y bajo su administración.
El caso del Patronato de Protección a la Mujer, institución franquista destinada a “reeducar” a las internas, ilustra esta apertura: aunque sus víctimas no aparecen en el listado oficial de la ley, se ha creado una subcomisión para investigar los crímenes a los que fueron sometidas.
Según el informe de Lahsen, a partir de noviembre de 1975 se produjeron detenciones masivas y secuestros en centros clandestinos de tortura, lo que provocó la desaparición de cientos de saharauíes. Además, la población fue perseguida por motivos políticos, ideológicos y nacionalistas, mientras residía en territorio que, a efectos del derecho internacional, sigue considerándose bajo la soberanía de España, responsable de las vulneraciones ocurridas tras la ocupación marroquí.
Entre los hechos señalados destacan:
- Bombardeos contra civiles saharauíes realizados por la aviación marroquí durante la administración tripartita (España, Mauritania y Marruecos) tras los Acuerdos de Madrid y antes de la retirada española.
- Uso de napalm y fósforo blanco que causó la muerte de 62 personas y dejó heridas a 49.
- Desapariciones forzadas de 445 ciudadanos saharauíes en los años posteriores a la ocupación marroquí, con allanamientos, detenciones masivas y tortura en centros clandestinos.
- Desapariciones anteriores a la ocupación, como la de Mohamed Basiri, dirigente nacionalista detenido por autoridades españolas el 18 de junio de 1970 y cuya suerte sigue sin esclarecerse.
Las organizaciones saharauíes subrayan el carácter colonial de estos crímenes, señalando que durante la Guerra Civil los métodos represivos desarrollados en el norte de África fueron trasladados al resto de España. Según su análisis, las víctimas saharauíes fueron perseguidas por su origen étnico, su lengua y su religión, en un contexto de descolonización que buscaba la autodeterminación e independencia del territorio.
Aunque las políticas de memoria democrática han avanzado en los últimos años, los saharauíes siguen excluidos de los planes oficiales. La puesta en marcha de la Comisión de la Verdad ofrece la oportunidad de cerrar esa laguna y de ofrecer a las víctimas el reconocimiento y la reparación que les corresponde.
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