Latorre expone el informe de la UCO sobre Cerdán y su propiedad de Servinabar: "Condición de corruptor y corrompido a la vez"
La Unidad Central Operativa (UCO) ha revelado en su último informe patrimonial que Santos Cerdán, conocido como “Supersantos”, era uno de los propietarios ocultos de la empresa Servinabar. Según la Guardia Civil, Cerdán ejercía una doble condición de corruptor y corrompido, ya que intervenía en la adjudicación de contratos públicos sin ocupar ningún cargo oficial en la administración y, al mismo tiempo, se beneficiaba de dichos contratos sin figurar en el organigrama de la compañía.
El reporte de la UCO indica que entre 2015 y 2024 Cerdán y su familia obtuvieron más de 300.000 euros en beneficios ilícitos derivados de la trama. Entre los ingresos sospechosos destaca el cobro mensual de 1.300 euros que recibía su esposa, Doña Francisca Cerdán, de la empresa Lorgen Genética Proteómica. La compañía ha negado que ella haya trabajado para ellos, afirmando que nunca la han conocido ni tenido contacto con ella.
Otros indicios de irregularidades
Durante los años 2019, 2020 y 2021, la utilización de la tarjeta bancaria de Santos Cerdán se redujo drásticamente, lo que sugiere la existencia de ingresos en efectivo no declarados. Según la UCO, la familia Cerdán realizaba gastos de gran magnitud en establecimientos como El Corte Inglés, lo que refuerza la hipótesis de una economía paralela.
Asimismo, se ha puesto bajo la lupa una operación inmobiliaria de un millón de euros. “Paqui”, la esposa de un político de alto nivel, habría visitado el inmueble situado en la Gran Vía de Madrid para planificar una reforma cuyo coste ascendería a 350.000 euros. Antxon Alonso, copropietario de Servinabar, manifestó su descontento al respecto, comentando a su esposa Karmele que “ahora quieren un pisazo” y que los involucrados “no son nada discretos”.
Santos Cerdán, quien fue designado por el presidente Pedro Sánchez como secretario de Organización del Partido Socialista tras la destitución de José Luis Ábalos, ha sido señalado como una pieza clave en la selección de su equipo directivo, aunque la investigación sugiere que su gestión estuvo marcada por prácticas corruptas.
El informe también destapa que Cerdán poseía un contrato que le otorgaba el 45 % de los beneficios de Servinabar, que nunca utilizó la tarjeta de la empresa para gastos y que la visita de “Paqui” al piso de lujo se documentó gracias a la investigación de la UCO.
En el marco de la misma investigación, el director operativo de la Guardia Civil ha tenido que comparecer ante la comisión de investigación del Senado para responder a las acusaciones de haber presionado a la UCO para que adoptara una postura favorable hacia ciertos políticos. El oficial sostuvo que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que las afirmaciones realizadas ante el juez Santiago Pedraz por los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo no corresponden a la realidad.
Manuel Llamas, imputado en el caso de las “cloacas”, declaró ante el juez Pedraz que, aunque la imputación no equivale a una condena, afecta la credibilidad de quien ocupa un cargo encargado de perseguir el delito. Llamas señaló que, en tales circunstancias, lo más prudente es alejarse temporalmente del puesto, aclarar la situación y, en su caso, reincorporarse.
Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, también compareció ante el mismo juez. La magistrada explicó que su testimonio se centró en la investigación de Leire Díez y las supuestas “cloacas” del PSOE, en la que ella se declara víctima y no cómplice. González admitió haber mantenido reuniones con Díez, aunque aseguró que no habría aceptado dichos encuentros si hubiera sabido que estaban vinculados a Santos Cerdán.
En otro plano, se ha recordado la grave crisis migratoria que afecta a Ceuta. José Miguel Azpiroz y el analista Ignacio Cembrero alertaron, en la columna “La Brújula”, sobre la transformación de un flujo constante de migrantes en una avalancha, señalando la falta de medidas preventivas y la previsibilidad de la situación.
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