Los indicios que acercarían al PSOE a una imputación en el caso de las 'cloacas'
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, continúa ampliando la investigación sobre la supuesta trama de las “cloacas” del PSOE. Tras la detención de la exmilitante Leire Díez, se han incorporado al proceso el exsecretario de Organización Santos Cerdán, la gerente federal Ana María Fuentes, el exdirigente Gaspar Zarrías y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
Detalles de la investigación
Los informes remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) indican que la propia estructura del partido habría sido utilizada para financiar y facilitar una estrategia destinada a “desestabilizar” las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Según la Guardia Civil, se habrían empleado fondos del partido, la sede de Ferraz, trabajadores del partido y la gerencia para canalizar recursos a la presunta red.
En cuanto a la financiación, el juez sostiene que la actividad de Leire Díez se pagó con dinero del PSOE a través de distintos mecanismos de encubrimiento. El primero consistió en un contrato con la sociedad Zano Socied Consultora S.L., vinculada a Gaspar Zarrías, por el que se abonaron cuatro nóminas de 4.000 euros cada una entre junio y septiembre de 2024, totalizando 16.000 euros.
Cuando esa vía dejó de usarse, la trama recurrió a un segundo método: el PSOE realizó un pago de 27.225 euros al despacho del abogado Ismael Oliver mediante una nota de encargo firmada por la gerente del partido. Posteriormente, una sociedad vinculada al abogado transfirió la misma cantidad a Leire Díez bajo el concepto de “elaboración de informes”, con el objetivo de romper la trazabilidad del dinero.
Al abogado Jacobo Teijelo también se le pagó al menos 125.000 euros por servicios de asesoría jurídica. En su declaración ante el juez, Teijelo confirmó que el PSOE le contrató para realizar “interpretaciones prospectivas” sobre investigaciones judiciales y que el partido todavía adeuda dos facturas correspondientes a la prestación de dichos servicios entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.
Las facturas presentadas por Teijelo incluyen una del 20 de enero de 2025 por 75.000 euros (más IVA) y dos más de 25.000 euros cada una, correspondientes a febrero y marzo. La nota de encargo, también firmada por Ana María Fuentes, establecía honorarios de 250 euros por hora, con un mínimo mensual de 15.000 euros y un máximo de 25.000 euros.
Ana María Fuentes, gerente del PSOE, aparece como pieza clave en la operativa financiera. Pedraz le atribuye una “indiciaria responsabilidad” en la redacción de las notas de encargo que legitimaron los pagos a los despachos de Oliver y Teijelo, describiendo esas órdenes como documentos “mendaces” destinados a canalizar fondos del partido hacia la presunta red. La magistrada la citó para declarar como investigada el 9 de septiembre y solicitó la clonación y análisis de su móvil, medida que finalmente fue devuelta el 10 de julio por considerarse desproporcionada.
La sede federal del PSOE en Ferraz también ha sido señalada como centro de coordinación. Según el juez, Santos Cerdán y Leire Díez celebraron al menos 39 reuniones, cerca de la mitad de ellas en la sede de Ferraz, incluida una el 26 de abril de 2024, durante los cinco días de reflexión que Pedro Sánchez tomó tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Ese encuentro habría marcado un “punto de inflexión” en la puesta en marcha de las supuestas “cloacas”.
Dos trabajadoras administrativas del partido, Covonga San Pedro y Celia Rodríguez, gestionaron reservas de trenes, vuelos, hoteles y alquileres de vehículos para varios de los investigados. La Guardia Civil ha documentado al menos cuatro viajes de Leire Díez financiados por el PSOE, además de desplazamientos de Javier Pérez Dolset y de Miriam Serrano, testigo en una de las actuaciones contra el fiscal José Grinda. Ambas trabajadoras han sido excluidas de la lista de investigados al no existir indicios de que conocieran la ilicitud de las órdenes recibidas.
El artículo también menciona al exdirector de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, en relación con la financiación del medio digital Crónica Libre, creado por la periodista Patricia López. Según los investigadores, Crónica Libre habría servido para desarrollar una estrategia comunicativa de respuesta frente a las investigaciones que afectaban al PSOE, con un pago de 20.000 euros a la sociedad editora del medio a través de la agencia Iki Group Communications, ordenado por Santos Cerdán y ejecutado por Antolín.
En cuanto a la posible responsabilidad penal del partido, el Código Penal contempla la imputación de la persona jurídica cuando los delitos se cometen utilizando su organización, recursos o órganos de dirección en beneficio propio. No obstante, la ley prevé una exención si el partido puede demostrar la existencia de mecanismos eficaces de prevención y control (programas de compliance) y que los delitos se produjeron eludiendo fraudulentamente dichos controles.
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