Los sindicatos reclaman al Gobierno "ofertas extraordinarias" de empleo público por la regularización masiva de inmigrantes
El pasado viernes el Ministerio de Función Pública y los principales sindicatos del sector público – CCOO, CSIF y UGT – se reunieron para debatir la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. En la reunión, los sindicatos presentaron sus peticiones al ministro Óscar López, destacando la necesidad de crear “ofertas extraordinarias por nuevos servicios públicos” y, sobre todo, de reforzar los recursos destinados al proceso de regularización de inmigrantes en la Administración General del Estado (AGE).
CCOO subrayó que la regularización tendrá su mayor impacto en el Ministerio del Interior, las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este sentido, el Gobierno anunció, tras el Consejo de Ministros del martes, la aprobación mediante Real Decreto de la regularización administrativa extraordinaria de inmigrantes.
Dimensión de la regularización y respuesta institucional
Según las estimaciones oficiales, la medida beneficiará a unos 250 000 solicitantes de asilo que aún no han visto resuelto su trámite de protección internacional y a otros 250 000 inmigrantes en situación administrativa irregular, lo que supone alrededor de 500 000 personas que podrán obtener un permiso de trabajo y residencia en España por un año.
Para hacer frente al incremento de la demanda, el Ministerio de Seguridad Social reforzó la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) con 400 nuevas plazas, sumándose a los 200 puestos ya existentes. No obstante, los sindicatos advierten que esta medida, aunque útil a corto plazo, no basta para afrontar el cambio estructural que supone la incorporación de medio millón de nuevos usuarios al sistema.
CSIF, alineado con CCOO, solicitó que la OEP 2026 “supere la oferta de 2025, tanto en acceso libre como en promoción interna”, poniendo especial énfasis en el refuerzo de los ámbitos más deficitarios de personal, como el SEPE, la Seguridad Social, las Instituciones Penitenciarias y todos los organismos implicados en el proceso de regularización.
La presión sobre los servicios ya se percibe. Un comunicado de CCOO indica que, en los diez primeros días de vigencia del nuevo reglamento, las oficinas de Extranjería registraron más de 100 000 expedientes en la plataforma Mercurio, una cifra que equivale al trabajo de un mes completo bajo condiciones normales en todas las oficinas de extranjería de España.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social informó que, en las primeras horas de la regularización extraordinaria, se recibieron 13 500 solicitudes telemáticas y se programaron 19 633 citas previas para atención presencial. El impacto no se limita a la AGE; varios ayuntamientos ya alertan de que sus servicios municipales están colapsando, como señaló la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piqué.
El Ministerio de Función Pública, sin embargo, no aportó cifras aproximadas ni la distribución del personal por departamentos durante la reunión, y ha citado a los sindicatos a una nueva mesa de negociación el martes 21 de abril.
El contexto presupuestario del Ministerio se complica por dos factores clave. En primer lugar, la reducción de la jornada laboral de los funcionarios de 37,5 a 35 horas semanales implicará la reorganización de turnos y efectivos, y, según El Independiente, equivale a la pérdida de 17 500 puestos de trabajo a tiempo completo. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a favor de los interinos, considerándose que la normativa española vulnera el derecho de la UE en materia de abuso de la temporalidad, lo que traslada la responsabilidad al Tribunal Supremo para establecer la doctrina correspondiente.
Ante estas limitaciones, el Ministerio de Función Pública enfrenta la negociación de la OEP 2026 con un margen presupuestario reducido, mientras los sindicatos exigen reforzar las plantillas en los servicios más tensionados por la regularización y se añaden los costes derivados de la reducción de jornada y la incertidumbre jurídica derivada del pronunciamiento europeo. Todo ello contrasta con la posición del Ministerio, que en la negociación salarial de 2025‑2028 afirmó no disponer de espacio fiscal para aumentar los salarios de los empleados públicos.
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