Los socios ven "miedo a más represalias con Schengen" detrás del bloqueo de Sánchez al traslado de migrantes de Ceuta
Sumar, Podemos y Compromís exigen al Gobierno que traslade a todos los solicitantes de asilo y menores no acompañados desde Ceuta a la península para descongestionar la ciudad autónoma y permitir que los procesos de evaluación individual se desarrollen con mayor tranquilidad. El presidente, Pedro Sánchez, volvió a descartar esa opción en la entrevista que concedió al inicio de la campaña y lo reiteró en su comparecencia del jueves en el Congreso, defendiendo que los expedientes deben tramitarse en Ceuta y, una vez resueltos, decidir si se devuelve a los migrantes a Marruecos o a un tercer país.
Los socios de la coalición de izquierdas argumentan que el rechazo del Gobierno responde al temor de represalias por parte de la Unión Europea, tras los recientes endurecimientos adoptados por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y por gobiernos como el de Dinamarca, que han respaldado la política de control migratorio italiana. Según fuentes cercanas a Podemos, Sánchez temería que la transferencia de los migrantes a la península desencadene nuevas tensiones con Bruselas y con países que ya están reforzando sus fronteras, como Finlandia y Dinamarca.
Contexto de la crisis migratoria en Ceuta
Ceuta forma parte del territorio español y del espacio Schengen, pero mantiene un régimen fronterizo propio respecto a Marruecos. La entrada desde Marruecos a la ciudad no implica automáticamente el acceso al resto de la península, ya que existen controles de identidad y documentación en los puertos y aeropuertos que conectan la ciudad con la península. Este doble punto de control convierte a Ceuta en una zona de contención previa al territorio peninsular.
En agosto, la Policía Nacional informó a la Audiencia Nacional que, hasta el 19 de ese mes, 148 migrantes habían llegado a las costas de Málaga y Cádiz a través de 29 embarcaciones, en operaciones facilitadas por mafias que cobraban alrededor de 9 000 euros por persona en Ceuta. Según datos oficiales, alrededor de 5 000 migrantes –cifras que fuentes locales elevan a 10 000– se encuentran ahora en una ciudad de 80 000 habitantes, lo que supone un aumento del 6,25 % de la población en apenas un mes.
El Gobierno ha aprobado un real decreto que destina 309 millones de euros a Ceuta para compensar el impacto de la afluencia masiva en los servicios de salud, atención social, seguridad y administración pública. Asimismo, ha anunciado que la ciudad dispondrá de hasta 6 000 plazas de acogida, el doble de la capacidad actual, aunque los críticos señalan que ello implicaría una convivencia prolongada y sin restricciones de movimiento para los migrantes dentro del municipio.
Movimientos como Sumar y Podemos reclaman que Sánchez actúe con “valentía” y priorice el bienestar de los ceutíes mediante el traslado de los expedientes a la península, argumentando que ello no vulneraría la normativa europea. Por su parte, Izquierda Unida se mantiene prudente y evita especular sobre los motivos del Gobierno, centrando su discurso en la defensa de los derechos de los migrantes, especialmente de los menores, y en la necesidad de resolver los expedientes conforme a la legislación española y europea.
El PNV y Junts, críticos con las políticas de acogida en el País Vasco, Euskadi y Cataluña, también influyen en la postura de Sánchez, pues su apoyo es crucial en la fase final del mandato. En una entrevista en Telecinco, Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, recordó que los migrantes ya están en territorio español y que la diferencia reside en el régimen de circulación propio de Ceuta y Melilla dentro de Schengen.
Desde la Comisión Europea se ha anunciado el avance en la tramitación de la ayuda de emergencia solicitada por España y la posible ampliación del apoyo operativo de Frontex en Ceuta, orientado a reforzar la frontera local más que a presionar a Madrid con medidas como las adoptadas por Italia.
En el debate interno de la coalición, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), ha pedido al Gobierno que utilice el artículo 35 de la Ley de Extranjería para forzar a las comunidades autónomas a asumir parte de la acogida, especialmente de menores. Sin embargo, el Ejecutivo no ha respondido a la solicitud. Otros partidos nacionalistas, como ERC, el PNV y Bildu, abogan por una distribución más equilibrada de las plazas de acogida entre las distintas regiones, aunque todos coinciden en criticar la lentitud de la respuesta del Gobierno y la falta de una estrategia común frente a la presión migratoria.
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